Estado colapsado: ¿Qué más?

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Publicado por  Gustavo Porras 13 de febrero 2017

https://gustavoporras.wordpress.com/2017/02/13/estado-colapsado-que-mas/


En menos de dos años, por los motivos que fuere, el Estado de Guatemala ha sido profundamente desquiciado por la intervención. Lo más evidente es el Organismo Judicial, pero el Ejecutivo y el Legislativo también, dado que la composición de ambos es producto de un proceso electoral anómalo. Si eso estuvo bien o mal no es el objeto de esta nota. De lo que se trata es de analizar algunas de las consecuencias de la bancarrota del Estado y de la política.



Lo primero a señalar es que quienes la impulsan – disfrazados con el membrete de “comunidad internacional” – parecen muy a gusto echando abajo lo corrupto y lo supuestamente corrupto, y el hecho de que lo político (Estado, partidos y ciudadanía), se desbarate, no parece quitarles el sueño; más bien todo parece fríamente calculado.

Porque no es sólo la superestructura institucional la que cae, sino también están por el suelo los fenómenos de base que la generan, de manera que es imposible pensar en una recomposición de corto o mediano plazo, o de una recomposición a secas. La purga emprendida bajo el manto de la CICIG se ha desarrollado en un ambiente de linchamiento que ha llevado a niveles no conocidos el desprecio a la autoridad, a la función pública y a la política: ¿cómo remontar esto en el futuro? ¿A través de una autoridad de ocupación o echando mano de títeres?

Desde cuestiones tan de fondo como lo anterior hasta otras muy concretas, como el financiamiento de la política: ¿qué padrinos habrá ahora cuando las “contribuciones” a los partidos deben ser abiertas y formales? ¿Quiénes se animarán a hacer dichas contribuciones, si a la fecha existe un miedo generalizado – sobre todo en la esfera pública y en los grandes capitales – a firmar cualquier cosa o pertenecer a juntas directivas, por ejemplo?

Por supuesto que la transparencia es fundamental en la política, aunque brilla por su ausencia aún en las “democracias desarrolladas”. Es necesaria la transparencia, pero para ello no es suficiente con perseguir, sino también hay que plantearse el tema del financiamiento público a la política, cosa que ni siquiera se tocó en materia de reformas a la ley electoral.

Lo anterior es parte de un daño no cuantificable pero de gran envergadura: los acontecimientos ocurridos han desbaratado el principio mismo de autoridad; el insólito cateo de fiscales del Ministerio Público a la Casa Presidencial por un asunto trivial y el encarcelamiento del hijo y del hermano del Presidente de la República van en esa dirección y, a juicio de quien escribe, con todo el dolo del mundo. El linchamiento se realiza a través de las llamadas “redes sociales”, en un cómodo anonimato que hace las delicias de los profesionales de la manipulación. Los medios escritos – en fase de sobrevivencia – ya ni siquiera sacan provecho; sus titulares son invariablemente los mismos: capturas, acusaciones, declaraciones…

Y algo mucho más grave está a punto de ocurrir. Si se aprueba lo que han dado en llamar el derecho indígena se corre el riesgo de fraccionar la República de Guatemala, no por lo que hagan las autoridades ancestrales indígenas, sino por el accionar de quienes pretenden usurpar esa calidad, aglutinados en sopas de letras financiadas por la “comunidad internacional”.

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