Publicado por Prensa Libre el 18 de enero 2017
Después de los escándalos ocurridos en el Organismo Judicial la semana pasada, se hacen impostergables las reformas constitucionales del sector justicia. El año pasado causaron repudio los casos de los magistrados Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, que cayeron por haber favorecido a la cuestionada Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Ahora se señala a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling de haber tratado de incidir en el caso que se sigue a su hijo Otto Molina Stalling, y al magistrado de la Corte de Apelaciones Eddy Orellana, por haber recibido un apartamento de Roberto López Villatoro, el Rey del tenis, por haber incidido en la selección de magistrados hace dos años. Ya no hay vuelta de hoja, la CSJ está corroída e infiltrada por las mafias. Y en esa misma dirección se percibe la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, donde el Rey del tenis tiene gran influencia.
La justicia en el país nunca ha sido independiente. El sector privado siempre ha incidido en los fallos judiciales y la justicia tiene olor a billetes. Los sectores empresariales tienen derecho de picaporte entre magistrados y jueces. Durante la larga noche del conflicto armado interno, e incluso ahora, la justicia se vistió de verde olivo, por cuestiones de afinidad ideológica o por temor a represalias del Ejército. Aún se recuerdan los tribunales de fuero especial impuestos por Ríos Montt en los años ochenta. Eran juicios sumarios. Jueces y magistrados también han bloqueado durante mucho tiempo el procesamiento de militares por genocidio o por delitos de lesa humanidad. Los pueblos indígenas han visto cómo sus casos no merecen atención de quienes deberían proporcionar una justicia imparcial y pronta.
A partir de la instalación de las comisiones de Postulación emergieron las mafias que han tratado de imponer magistrados para incidir en las resoluciones de la CSJ y la Corte de Apelaciones. En las elecciones del 2014, por ejemplo, se observaron los movimientos de Juan de Dios Rodríguez, hoy encarcelado, y Gustavo Herrera, que fueron los operadores políticos de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, para imponer a magistrados judiciales que respondieran a sus intereses. Otro operador fue López Villatoro, que también tiene similares tareas de incidir desde las postuladoras para llevar a magistrados dóciles para sus intereses. La Cicig y el MP van ahora tras el Rey del tenis, luego de haber revelado cómo el magistrado Orellana recibió de él un apartamento por su labor favorable a esa mafia. Otro sector donde estas estructuras buscan incidir es el Colegio de Abogados, por ser un ente con mucha influencia política en el país. ¿Cómo es posible que se vea a candidatos a presidir este colegio ofreciendo almuerzos y recepciones en varias partes del país, con el fin de ganar votos?
¿Quién paga esos festines?
Los magistrados de la CSJ no pueden ignorar estos hechos con el argumento de que no pueden separar a magistrados iguales, como es el caso de Stalling. Ella misma ha dicho que no se va a ir. Por eso, la exigencia ciudadana es la renuncia o separación de Stalling y Orellana. Los demás magistrados deben entender que están en una coyuntura que no tiene retorno. Si no asumen una actitud digna, también ellos pararán en el bote de la basura histórica porque la CSJ está desprestigiada y podrida. La Cicig y el MP ya han adelantado que investigan los vínculos de otros magistrados con el Rey del tenis. Por eso el Congreso debe reiniciar la discusión y aprobación de las reformas constitucionales del sector justicia cuanto antes, en particular las que se refieren a la selección de magistrados de la CSJ y de cortes de Apelaciones.
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