Publicado por Prensa Libre el 16 de enero 2016
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia está obligado a tomar acciones inmediatas como consecuencia del escándalo desatado ante la denuncia de presiones presentada por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda contra la magistrada Blanca Stalling, quien claramente trató de influir a fin de lograr una medida sustitutiva para su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita.
La primera decisión no debería requerir mayores cavilaciones y recae sobre la magistrada Stalling, quien debe renunciar de inmediato, pues enfrenta serias acusaciones por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De esa forma, al ya no tener derecho de antejuicio, se le podrá investigar de manera expedita ante los graves señalamientos que pesan en su contra.
Pero también deben asumir esa acción el resto de los magistrados que aún integran esa corte, cuyo origen tiene mucho de opacidad. Ya lo hicieron otros dos integrantes, ante las graves acusaciones de corrupción y de tráfico de influencias, que ratificaron muchos de los señalamientos de que habían llegado a esos cargos debido a perversas alianzas entre políticos que en 2014 pertenecían a los partidos Líder o Patriota y hoy integran el oficialista FCN-Nación.
Ese oscuro origen para ocupar tan altos cargos dentro del sistema de justicia también quedó expuesto durante la conferencia ofrecida el pasado miércoles por la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez, en la cual abundaron en detalles de las componendas y manipuleos ocurridos durante los procesos de postulación de los cuales se originaron los nombres de muchos de los actuales magistrados del Organismo Judicial.
El segundo obligado a presentar su renuncia inmediata es el presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Giovanni Orellana Donis, contra quien también pesa un trámite de antejuicio planteado por los entes de investigación criminal, a causa de tráfico de influencias y asociación ilícita. Fue uno de los grandes electores en el proceso para postular a por lo menos ocho de los más altos cargos del Poder Judicial.
Si a estas dos acusaciones se suman las recientes renuncias presentadas por los magistrados Douglas Charchal, hoy preso y a la espera de un proceso por corrupción, y Vladimir Aguilar, ambos sindicados de haber favorecido con sus fallos a la empresa TCQ, cuyo inicio de operaciones sigue en litigio, se encuentran motivos suficientes para sustentar serias dudas sobre la idoneidad de quienes ocupan las más altas posiciones en la impartición de justicia, y se impone la realización de una tarea para la depuración de la cúpula jurídica.
La renuncia, primero de los sindicados y luego del resto de la plana mayor del Poder Judicial, es un deber moral ineludible, para desvanecer todo signo de sometimiento o favoritismo a banderías políticas de las más corruptas de la historia nacional. Pero también porque allanaría la ruta para recuperar el prestigio del órgano de poder más importante del Estado y para cualquier democracia, cuya independencia es un requisito indispensable para el pleno ejercicio del estado de Derecho y fortalecimiento de las instituciones.
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