Publicado por Soy 502 el 12 de enero 2017
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La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, debe renunciar.
De hecho, esta es la tercera vez que debe dimitir y ahora sí, no hay excusa ni argumento sostenible que pueda sostenerla.
Stalling debió declinar su puesto en 2014, con el resto de sus colegas, cuando la magistrada Claudia Escobar denunció que el diputado Gudy Rivera la había presionado para favorecer a Roxana Baldetti en un amparo, a cambio de dejarla en su cargo.
Esa denuncia mostró cómo las mafias intervinieron en la designación de las cabezas del Organismo Judicial, en octubre de 2014. Por lo mismo, todos los electos, incluida Stalling, deberían haber renunciado en ese momento, para evitar el desprestigio y la pérdida de autoridad del sistema de administración de justicia.
En vez de irse dignamente, los magistrados electos patalearon, manifestaron y se quedaron. Blanca Stalling –una de las magistradas más cuestionadas– fue quien tomó la batuta para defender el statu quo de la impunidad.
Luego, surgió el caso IGSS-Pisa, en el cual fue detenido el hijo de la magistrada Stalling, Otto Fernando Molina Stalling. Este personaje fue acusado de ser el princpal negociador de un contrato millonario en el Seguro Social.
Recordemos aquí que quien era presidente de esa institución entonces, Juan de Dios Rodríguez, era un militar muy cercano a Otto Pérez Molina. Varias denuncias de prensa indicaron, en ese entonces, que algunos funcionarios solían reunirse precisamente en el IGSS para influir en la integración de las Cortes. De los arrumacos entre Stalling y el presidente del IGSS, se originó probablemente el puesto que el junior de la magistrada tenía en esa institución y que según denuncias del Ministerio Público, el muchacho usó para participar en la millonaria corrupción del Seguro Social.
Lee aquí: Molina Stalling: el centro de la negociación del caso IGSS-PISA
Cuando Molina Stalling fue detenido, activistas y prensa exigieron la dimisión de su madre, para garantizar la independencia del proceso que se seguía contra él.
Cabe recordar que la magistrada Stalling tenía una vinculación enorme con el litigio de casos criminales, pues venía de ser la cabeza de la Defensoría Pública Penal. Era obvio que conocía a una importante red de personas en el sistema de la justicia penal –fiscales, jueces y abogados– y que por lo mismo podía influir de manera inapropiada en el proceso de su hijo. Para colmo, ella era la Presidenta de la Cámara Penal.
En ese momento, ella se contentó con pedir una licencia de unos meses y luego retornó a sus labores, argumentando que cuando se conocieran casos donde estuviera involucrada su familia (su hijo no es el único señalado en un juicio penal), ella se excusaría.
Una y otra vez, se insistió en que esas medidas no eran suficientes porque podía ocurrir lo que pasó ahora y denunció el juez Carlos Ruano. No hay que estar directamente involucrado en un proceso de estos para ejercer presiones sobre los fallos.
Escucha: Este es el audio de la magistrada Blanca Stalling con el juez Carlos Ruano
Basta que una magistrada se aproveche de su jerarquía para citar al juez a su despacho y “recomendarle” que apresure el debate y que por favor, le otorgue medida sustitutiva a su hijo, porque su verdadero pecado era andar de “fanfarrón” y además, pobrecito, es padre de familia y tiene un bebé (ojalá eso lo hubiera pensado antes de meterse a hacer negocios turbios con el dinero de los cotizantes del IGSS).
La conversación que grabó el juez Carlos Ruano demuestra que lo que tanto se temía, ocurrió.
La magistrada Stalling usó su posición para procurarle impunidad a su hijo. De nada sirve que ahora Stalling diga que rogó como madre y no como magistrada. ¡Por eso justamente es que se le pidió que renunciara en en 2015, cuando cayó preso su “nene”, para que no anduviera blandiendo su amor de madre en tribunales!
A la magistrada le debería dar vergüenza acusar de cobardía a un juez que tuvo el valor de enfrentarla y de proteger la independencia judicial, no solo en este caso, sino de manera institucional, pues lo más seguro es que esta no es la primera vez que la magistrada Stalling llama a su despacho a jueces y magistrados para indicarles cómo deben fallar, entre invocaciones a Dios y la justicia.
El audio que se ha hecho público de la conversación entre Stalling y el juez Ruano no deja lugar a dudas. Tristemente, recuerda el tono de la plática sostenida entre el diputado Gudy Rivera y la magistrada Escobar, con la intermediación del abogado Vernon González. En esa ocasión, a Escobar se le solicitó un fallo en un amparo, y a cambio, le ofrecieron que sería reelecta como magistrada.
Aquí el más elemental sentido común dicta que hubiera sido beneficioso para el juez Ruano arrodillarse ante el poder de los traficantes de la justicia, pero en lugar de ello, grabó la conversación y la hizo pública.
Gudy Rivera fue condenado a 13 años de prisión por coaccionar a la magistrada Escobar. En ese espejo se debería ver Blanca Stalling, con el agravante de que ella, como magistrada de la Corte Suprema, debió ser la garante de la independencia judicial en lugar de fungir como operadora de la impunidad.
Stalling debe salir de inmediato de la Corte Suprema, perder su inmunidad y enfrentar proceso.
Ella –y todos los que como ella– se dedican a ser proxenetas de la administración de justicia, deben ser depurados, pues este no es un caso aislado, es el síntoma de una patología del sistema.
La denuncia de Escobar, que ahora sirve de referente en este caso, reveló cómo mafias e intereses cooptan a la justicia para garantizar impunidad a quien puede pagarla.
Blanca Stalling era una de las piezas claves en procesos como el que se llevará a cabo este febrero, la elección en el Colegio de Abogados, pues desde ahí se controlan las Comisiones de Postulación que nombran a puestos claves en la administración de justicia.
Esperemos que el último caso presentado por MP y CICIG, que también toca a otro operador de estas redes, el abogado Roberto López, conocido como “El Rey del Tenis”, contribuya a mostrar que ese sistema debe ser erradicado de la Constitución.
La justicia debe restituirse en Guatemala, de tal forma que sean los corruptos como Gudy Rivera y Blanca Stalling quienes salgan con deshonra de las instituciones, y no como ahora que vemos que son los jueces valientes, como Escobar y Ruano, los que son confinados al exilio.
La ciudadanía no puede permitir que prevalezca ese mundo al revés. La administración de justicia en este país debe ser íntegra, profesional y sobre todo, independiente.
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