Publicado por DCA.gob.gt el 9 de enero 2016
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No solo la clase política tradicional ha sido enemiga férrea del desarrollo del poder local, también algunos funcionarios inescrupulosos se convierten en comparsas de esa calaña que hace su modus vivendi con las finanzas destinadas a la construcción de obra gris y al progreso de las comunidades. Como si fuera poco, un golpe más es asestado al gremio municipalista, esta vez contra los fondos de los empleados que están adheridos al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM), pues una denuncia presentada por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) por una supuesta desviación de dinero de la comuna de Cuyotenango, Suchitepéquez, cuyo faltante es de Q1.3 millones que no ingresaron en las cajas del PPEM, causó el inicio de las pesquisas.
Razón por la cual la Contraloría General de Cuentas (CGC) ordenó una serie de investigaciones en torno al funcionamiento de ese Plan a las comunas de Suchitepéquez, Retalhuleu y Escuintla, de las Regiones V y VI, solicitando a 38 municipalidades información acerca de esa situación. En ese sentido, tanto la Anam, entidad encargada de aglutinar a las municipalidades del país, como los 340 ayuntamientos deben velar permanentemente por la buena regencia de los recursos ediles, así como por la transparencia de sus gestiones, toda vez que los jefes munícipes y sus funcionarios eviten caer en irregularidades administrativas por desconocimiento, intereses particulares o ignorancia, implicándolos en actos de corrupción al piñatizar los recursos del erario nacional y local.
En este recién estrenado año, las acciones, además de ser drásticas contra los mañosos que se enriquecen a costa de las necesidades del pueblo, también deben encaminarse a erradicar la corrupción y la impunidad de las instituciones estatales, privadas y municipales, que tanto daño le han hecho por décadas a la institucionalidad, así como a desenmascarar y enjuiciar a aquellos funcionarios que pretendan siquiera atentar contra el patrimonio de la población y su futuro. El mensaje debe ser claro y contundente: no más tolerancia a prácticas corruptas e ímprobas, ni más impunidad que abrigue a sinvergüenzas. No se puede seguir consintiendo que personas malintencionadas y con señalamientos deshonrosos dirijan entidades a su sabor y antojo, vaciando las arcas, robándoles a sus habitantes el acceso a la educación, alimentación, salud y oportunidades.
Por ello, es importante la participación y la compenetración ciudadana en los procesos y proyectos que lleven a cabo las alcaldías, instituciones del Estado y las privadas, por mínimos que estos sean, además de crear de urgencia herramientas que combatan todo intento de obstaculización al desarrollo de los municipios. No caigamos en la costumbre, la conformidad y la displicencia de ver cómo nuestras comunidades son cada día más pobres, más excluidas, más marginadas, por la ambición desmedida de los de siempre, los de cuello blanco, que están como buitres a la espera de un descuido para seguir devorando el ya raquítico erario nacional y local.
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