Publicado por Prensa Libre el 8 de noviembre 2016
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El viernes 4 de noviembre, Prensa Libre publicó la noticia del asesinato de Hortencia García Ordóñez, de 33 años, a manos de su esposo, Rudy Álvarez Cárcamo, quien después de matarla se suicidó. En la nota hay una fotografía en la que se ve al más pequeño de los hijos (5 años) con sus manos tapándose la cara, lo abraza un joven que intenta consolarlo. El pie de la foto dice: “El hijo más pequeño de la pareja camina junto a un familiar, luego de enterarse de la muerte de su madre”.
La imagen conmueve enormemente. Puede una imaginarse el inmenso dolor de este pequeño niño y del de sus tres hermanos ante semejante tragedia. En un recuadro se lee una frase en la que el chiquito narra lo que pasó: “Yo estaba durmiendo, escuché balazos y después vi que estaba muerta (su mamá) y tenía sangre. Mi papá se tiró un balazo solito”.
Esta terrible historia tiene una serie de elementos que retratan el tipo de sociedad en la que vivimos: la violencia machista que ha cobrado la vida de miles de mujeres en los últimos años; el peligro que representa para la comunidad la falta de controles sobre las empresas privadas de seguridad (el atacante, según reporta PL, era un empleado de la empresa Sigsesa que habría incumplido con los requisitos de acreditación y evaluación que manda la ley) y la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y jóvenes en Guatemala.
A este último punto es al que quiero referirme con mayor profundidad en esta columna, no sin antes advertir que la facilidad con la que se consigue un arma de fuego en el país y el descontrol (por negligencia o complicidad) que sigue existiendo por parte de las autoridades en el cumplimiento de la ley de armas y municiones y en el de empresas privadas de seguridad están directamente relacionados con la violencia homicida.
En relación a la situación de los derechos de la niñez y adolescencia, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) publicó el informe “La desprotección en la desigualdad” que presenta una trágica radiografía de lo que viven en este país la mayoría de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Les comparto sólo algunos datos: 4 de cada 10 personas pobres son niñas, niños o adolescentes menores de 15 años y 5 de cada 10 personas que viven en extrema pobreza son menores de 15 años (INE, 2014). Guatemala es el país centroamericano con mayor número de personas subalimentadas (2.5 millones entre 2014-2016) y continúa creciendo la desnutrición crónica en niños menores de 5 años (en el municipio de San Mateo Ixtatán, 8 de cada 10 menores de 5 años padecen desnutrición crónica). El MP y la PNC reportaron un homicidio diario y un promedio de 32 niñas, niños o adolescentes víctimas de maltrato durante 2015. Además, se registraron diariamente al menos 9 casos de víctimas de agresión sexual, el 34% entre 1 y 17 años.
También en el 2015, el Ministerio de Salud reportó un promedio de 5 embarazos de niñas menores de 14 años cada 24 horas, y el Ministerio de Educación informó que 19 de cada 100 niñas y niños entre 7 y 12 años no fueron atendidos por el sistema; 4 de cada 10 recibieron educación básica y únicamente 2 de cada 10 fueron matriculados en diversificado. Y así podríamos seguir.
¿Qué clase de país somos cuando las niñas, niños y jóvenes están sometidos a la violencia, la marginación y la exclusión? ¿De qué futuro hablamos cuando somos incapaces de garantizar la vida, la seguridad, la educación y la salud de nuestros pequeños? ¿Es que esta realidad lacerante no nos obliga a la transformación y a la acción?
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