Crisis del transporte implicó enseñanzas

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Publicado por Prensa Libre el 7 de noviembre 2016

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El reciente y muy traumático paro del transporte pesado deja lecciones que deberán ser tomadas en cuenta en el mediano plazo, para así evitar la repetición de episodios similares. Una de las primeras es la de no permitir que un paro de esa naturaleza pueda prolongarse por demasiado tiempo, porque sus efectos se vuelven devastadores para la mayoría de sectores y ponen en riesgo empleos y pérdidas económicas, lamentables y preocupantes, también se afecta la imagen del país ante empresas extranjeras que compran los productos guatemaltecos.

El mayor riesgo se ubica en el poder que algunos han esgrimido para tomar decisiones que trascienden su territorio, porque con ello ponen en riesgo no solo la autonomía de una gestión, sino le complican la vida a miles de ciudadanos y empresarios de todo nivel que quedan a merced de las veleidades de quienes toman esas decisiones no meditadas.



Este uso discrecional del poder, que no atiende el bienestar de la mayoría, se vuelve contraproducente para quien lo ejerce cuando afecta a miles de ciudadanos, ajenos a los problemas que deben solucionar las municipalidades, pero se convierten en víctimas directas.

El riesgo puede comprenderse mejor si se considera que una actitud tomada en esa forma es repetida por algunos o por todos los 340 alcaldes del país, que simplemente piensen en el beneficio de su localidad, sin importarles el impacto de sus ordenanzas en otras vecindades y por ende al país, solo porque tienen la facultad legal de poderlo hacer.

En el caso de una parálisis del transporte como el ocurrido la semana anterior, debe quedar claro que cuando un problema trasciende los límites de un municipio no se debe ni se puede permitir que la propuesta de solución la imponga un alcalde, mucho menos si tiene mentalidad de monarca absoluto y además domina a su concejo, que en teoría comparten el gobierno edil.

Para evitar ese tipo de extralimitaciones se debe pensar en una modificación parcial de la delegación que el Estado ha concedido a los alcaldes para la administración del tránsito, porque se pueden multiplicar ese tipo de exabruptos con otros municipios vecinos a la ciudad, cuyas autoridades podrían asumir medidas parecidas, en perjuicio de la generalidad.

Este país necesita de la renovación legal, reglamentos y de una entidad superior que tenga la capacidad de regular el tráfico en todas las rutas nacionales y en las poblaciones de cualquier tamaño. Las policías municipales de tránsito deben circunscribirse a cumplir los lineamientos de este ente superior, cuya integración debe ser técnica.

Se necesita actuar también para superar el actual rezago nacional en infraestructura, no sólo insuficiente sino que atraviesa por una de las etapas de mayor deterioro. El gobierno y el poder local deben trabajar conjuntamente para evitar que miles de vehículos del transporte pesado atraviesen municipios saturados por el tránsito. Se debe impulsar infraestructura acorde con el crecimiento del país, pero también es imprescindible el relevo de autoridades por otras visionarias que puedan trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones de largo plazo.

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