Publicado por Contrapoder el 28 de octubre 2016
http://contrapoder.com.gt/2016/10/28/empleado-de-alejandro-sinibaldi-recibio-pago-de-us1-5-millones-de-la-constructora-oas/
El famoso “papelito shuco” no es lo único que vincula al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi con el pago de sobornos a empresas brasileñas. Documentos y testigos de la Fiscalía de Brasil evidencian la negociación de un pago fallido entre la constructora OAS y un ejecutivo de Arqco Outsourcing –la empresa de Sinibaldi– justo cuando el entonces ministro gestionaba un millonario contrato público.
A mediados de 2012, dos empresas pugnaban por obtener un contrato estatal de casi Q2 millardos: la ampliación a cuatro carriles de la CA2-Oriente, la carretera de Escuintla hacia la frontera con El Salvador. Por un lado estaba la transnacional brasileña OAS, establecida en Guatemala meses atrás, precisamente para ejecutar esta obra, como aseguró un funcionario de la embajada de Brasil y como prueban documentos incautados a la constructora por la Fiscalía brasileña. La otra interesada era Sigma Constructores, poderosa empresa local, que desde 1988 acapara la construcción y reparación de las carreteras en el oriente del país.
OAS apostaba por seguir la misma estrategia de Odebrecht, otra constructora brasileña, que ya tenía garantizada la adjudicación de la ampliación de la CA2-Occidente, la carretera que enlaza Escuintla con la frontera mexicana. Los documentos en poder de la fiscalía brasileña muestran que OAS pretendía obtener financiación del BNDES, un banco estatal brasileño que ofrece préstamos a empresas de su país para fomentar su actividad en el extranjero. Así lograrían una adjudicación directa, sin necesidad de competir.
Sigma, en cambio, apostaba por obtener financiación de una entidad regional, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y aprovechar que ya contaba con contratos de mantenimiento en esa carretera para ganar el el proyecto sin competir (con la financiación externa, no aplica la Ley de Compras, así que la adjudicación es directa).
Dos empresas poderosas y de larga trayectoria, luchando por no competir entre sí para ganar casi Q2 millardos, el segundo contrato público más cuantioso que otorgaría el gobierno del Partido Patriota (PP).
La decisión dependía de un funcionario que hacía solo unos meses había asumido el cargo: el ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi.
La conexión Panamá
Mientras esto ocurría, el 11 de octubre de 2012, la empresa Kingsfield Consulting, controlada por OAS, firmó un contrato con la sociedad Guerrero Law Investments Corporation. Ambas eran sociedades de cartón creadas en Panamá. Sus administradores eran empleados de bufetes de abogados. Sus sedes respectivas eran las oficinas de los bufetes de abogados que las crearon. De acuerdo con el contrato firmado, Guerrero Law Investment se comprometía a ofrecer a Kingsfield Consulting una asesoría para preparar un concurso público en Costa Rica: la construcción de la autopista Cañas-Liberia. El costo de la consultoría se fijó en US$19.3 millones, el cual se desembolsaría a medida que avanzara el trabajo, pero comenzaba con un adelanto de US$1 millón.
Copia del contrato que registra la transferencia de US$1.5 millones a favor de las compañías vinculadas con Efraín Quevedo.
Este contrato carece de sentido. La autopista costarricense había sido adjudicada a finales de 2011 a la constructora española FCC. OAS presentó oferta, pero no ganó. En 2012, aún quedaban por adjudicar obras de dicha carretera, como la construcción de puentes, pero no eran trabajos cuya magnitud pudiese justificar una asesoría de casi US$20 millones.
El proyecto de Cañas-Liberia, Costa Rica, que contemplaba la ampliación de carriles y construcción de 38 puentes, más otros trabajos, costó $206.7 millones. Los US$20 millones negociados con Guerrero Law Investment eran equivalentes al 9.6 por ciento de una obra que no solo ya había sido adjudicada, sino era un negocio que correspondía a otra constructora.
¿Qué clase de consultoría tan valiosa podía ofrecerle una offshore panameña, sin actividad conocida, a una de las constructoras más importantes de América Latina?
Este contrato nunca debió ver la luz. De la misma manera que no estaba previsto que fuese pública la identidad del propietario de la empresa beneficiaria de los US$19.3 millones, Guerrero Law Investment: Efraín Alberto Quevedo Montenegro, un ciudadano guatemalteco, que desde 2013 es presidente de la filial en Costa Rica de Arqco Outsourcing y representante legal suplente en la de Colombia, como consta en los registros mercantiles de ambos países. Él mismo se presenta en la red social Linkedin como director regional de operaciones de dicha compañía.
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