Sigue y empeora “el mal de Las Gaviotas”

Dime cómo tratas a tus niños y a los privados de libertad, y te diré qué sociedad tienes. ¿Y cuando esos prácticamente niños están privados de libertad, porque presumiblemente transgredieron la ley o cometieron un grave crimen? Los tratamos como monstruos, porque en eso los hemos convertido.

En la zona 13 opera el Centro Juvenil de Detención Provisional (Cejudep) “Las Gaviotas” con capacidad para 200 detenidos, pero ahora hay 500. En habitaciones húmedas y apenas ventiladas, de cuatro por cuatro metros, están hacinados entre 11 y 13 muchachos, que solo disponen de colchonetas, un inodoro y una pila para bañarse. Salen una vez a la semana a recibir clases (a veces una vez al mes, según ellos denuncian) y a una cancha de basquetbol durante 45 minutos.

Los muchachos están clasificados entre maras (de la “18”, en el Anexo están los “Salvatruchas”) y paisas, pero mezclados entre quienes no han sido juzgados y aquellos que ya fueron condenados. Indistintamente también conviven niños de 13 años con jóvenes de hasta 23 años. Todos están infectados por una plaga de sarna. Las enfermedades de transmisión sexual en los menores, eran tratadas con penicilina, según el informe de 2014 de la PDH. Me dice un visitante que salió hace poco consternado del lugar: “Entre Las Gaviotas y un centro nazi de concentración, la diferencia es que aquí tienen los tres tiempos de comida”.

Son frecuentes las denuncias de violaciones. El periodista Ronald Mendoza publicó a principios de este año una investigación ( “El mal de Las Gaviotas” en la Revista Análisis de la Realidad Nacional del Ipnusac, año 5, edición 15, enero/marzo 2016, pp. 232-239) sobre casos de abusos y agresiones que activaban –dijo– una “bomba de tiempo”, la cual finalmente estalló en un amotinamiento. El 7 de julio del año anterior ocho menores recluidos en el Anexo del Cejudep asesinaron a dos monitores a quienes señalaban de crueles maltratos.

Como estos centros, Cejudep y el Anexo existen otros dos: El Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres, “Gorriones”, y El Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, Etapa II en la finca San Antonio, El Platanar, San José Pinula. Las condiciones de los muchachos/as recluidos no son muy diferentes, a pesar de que la Ley de Protección Integral de la Niñez reza que esos centros, administrados por la Secretaría de Bienestar Social a través de la Subdirección de Reinserción, deben contar con supervisión especializada, servicios de alimentación, higiénicos y educativos. Las instituciones que ahora se preparan para aplicar el nuevo modelo de justicia penal juvenil tienen el enorme desafío de adoptar y adaptar ese sistema para recuperar la misión de los centros, que es rehabilitar y reinsertar a los jóvenes, pues hasta ahora ese mandato sigue extraviado.