Las otras plazas fantasma del Congreso: los que llegan y no trabajan

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Publicado por Soy502 el 05 de septiembre 2016 por José Miguel Castañeda

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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) se dieron a la tarea de cazar las plazas fantasma del Congreso, es decir a quienes cobraban un salario sin llegar a trabajar.

Sin embargo, hay otro tipo de plazas en este organismo: los empleados que marcan su entrada y su salida, pero durante su jornada no tienen nada por hacer.

 

Los registros de la Dirección de Recursos Humanos dan cuenta que el Congreso tiene a 24 empleados “en disponibilidad“, cada uno devengando un salario de entre 8 mil 800 y 33 mil 365 quetzales.

A esto debe sumársele que 16 trabajadores que fueron destituidos a inicio de año fueron reinstalados por orden judicial y aunque se les paga, no han sido asignados a ninguna área del Legislativo.

Tras la renuncia de Selvin García, los empleados que estaban a su cargo no han sido reasignados, por lo que no tienen qué hacer. (Foto: Archivo/Soy502)

Las renuncias de los diputados Selvin García y Julio López Villatoro provocaron que los empleados a su cargo quedaran sin qué hacer. García tenía a dos empleados contratados bajo el renglón 022, cuyos contratos vencen a fin de año, que reciben 7 mil y 10 mil quetzales al mes.

López Villatoro tenía a tres empleados 011, cuyos contratos son por tiempo indefinido, que ganan entre 9 mil 950 y 18 mil 215 quetzales al mes y un 022 que devenga un salario de 15 mil quetzales.

Los cuatro empleados del exdiputado Julio López Villatoro permanecen en el Congreso, pero no han sido trasladados a otras áreas. (Foto: Archivo/Soy502)

En la planilla del Congreso también se incluye a 12 empleados para atender los despachos de los dos sindicatos más grandes de este organismo (STOL y SINTRACOR) quienes ganan entre 5 mil 692 y 33 mil 267 quetzales al mes.

Los dos sindicatos más grandes del Congreso disponen de 12 empleados. (Foto: Archivo/Soy502)

El Secretario Ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Luis Felipe Linares, afirma que un juez podría remover a los empleados que no trabajan, a solicitud del Congreso si se determina que sus plazas son innecesarias.

Estas plazas representan un desembolso mensual de 887 mil 891.79 quetzales.

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