Publicado por www.republicagt.com el 02 de septiembre
Este jueves, en la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), le imputó los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Para el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el magistrado Douglas René Charchal Ramos no fue un simple colaborador que ayudó a evitar un pago a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), era parte de la supuesta estructura criminal que hizo esta gestión y otras en favor del grupo que estas entidades señalan de cooptar al Estado.
Por ello, este jueves, en la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), le imputó los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
“Derivado de indicios incautados en las diligencias de investigación en el caso TCQ, se estableció que Charchal ejerció influencias indebidas para viabilizar la implementación del contrato que se celebró entre la Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal, S.A.”, señala el comunicado de prensa de la CICIG.
Luego de la nueva sindicación (asociación ilícita), de estar arraigado y sin inmunidad, el magistrado queda más expuesto a la justicia, porque según el MP y la CICIG, se presentaron nuevas evidencias que lo vinculan a otras gestiones que el funcionario hizo para favorecer a los implicados al presunto grupo criminal.
Comisionado explica la vinculación de Charchal, con la estructura criminal que cooptó el Estado. pic.twitter.com/xvHDqPXotF
— MP de Guatemala (@MPguatemala) 1 de septiembre de 2016
“Charchal usó el poder y la jerarquía que le concede la dignidad de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para servir a los intereses de una empresa criminal emparentada con el Partido Patriota, enquistada en el Estado de Guatemala, faltando a su compromiso, a su juramento, de acatar bien y fielmente la Constitución Política y las leyes de Guatemala, en el ejercicio de su función judicial”, añade la CICIG.
Antecedentes
“La empresa TCQ interpuso un amparo contra el alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, debido a que esta compañía debía pagar Q24 millones por licencia de construcción en esa comuna. La firma se oponía al pago y acudió al exsecretario privado de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, para resolver el problema”, aseguran el MP y la CICIG.
“Monzón buscó al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal Ramos, para que le ayudara a obtener una resolución favorable a TCQ. El magistrado accedió y buscó a su operador, el abogado Mario Ruano, para que el juzgado de Escuintla, constituido en Tribunal de Amparo, resolviera a favor de TCQ”, enfatizan las instituciones.
“Ruano se reunió con Monzón y le solicitó una camioneta blindada para él, además de Q50 mil para el secretario del Juzgado de Escuintla. Posteriormente el Juzgado emitió la resolución favorable para la empresa”, concluye el comunicado.
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