Luego de la vigencia del decreto 19-2016, Ley Emergente para la Conservación del Empleo, a partir del 29 de marzo de este año, representantes de la Asociación de Zonas Francas Privadas de Guatemala expresan que al menos 33 empresas ha cerrado de abril hasta agosto de este año.
Los empresarios no se explican cómo es que esta Ley en vez de alentar y mejorar las condiciones de las empresas y los trabajadores, los daña. La regulación anterior limitaba la operación en zonas francas para 17 actividades, pero la nueva norma aumentó esta prohibición a 42.
Según el Banco de Guatemala, en 2015 la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) percibió Q1 mil millones producto de impuestos de las Zonas Francas. Los empresarios afirman que la cifra de impuestos pagados en lo que va este año es un 40 por ciento menos durante 8 meses de 2016.
Agregan que hasta el mes de julio, más de 6 mil personas perdieron su empleo directo y otras 3 mil que tenían empleos de medio tiempo, fueron afectadas.
Los empresarios consultados afirman que es el Congreso el que debe hacer la enmiendas al artículo 27 de la Ley, pero hasta el momento la situación es incierta ya que los acercamientos con las autoridades del Ministerio de Economía no han tenido una solución pronta y está fuera de sus manos.
Se intentó contactar al ministro de Economía, Rubén Morales, pero no contestó las llamadas ni los mensajes enviados a su teléfono.
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