Los movimientos sindicales responden, teóricamente, a la necesidad de agrupar a trabajadores para negociar el salario y otros aspectos laborales con el empleador. Parten de la autoritaria premisa de que el entendimiento es colectivo, no individual, y pasan tiránicamente sobre los derechos de cada quien a pactar el contrato que más le interese. Es la imposición de una mayoría —en ocasiones de una élite— que impide que cada persona pueda ejercer libremente su voluntad.
En su opresor devenir, aprendieron que como grupo de poder pueden asociarse a otros colectivos y hacer concurrir esfuerzos que redunde en beneficio mutuo. Así, la historia, los ha emparejado, en todo el mundo, con partidos de izquierda tanto socialistas como comunistas, en una mancuerna en la que unos tomaban el poder con apoyo de los otros y estos últimos obtenían beneficios que trascendían al colectivo o se quedaban en la élite. Siempre, como no puede ser de otra forma, asumiendo los ciudadanos el costo de esas particulares y confidenciales transacciones gremiales.
En casos más perversos —el ejemplo nacional es buen modelo— los líderes sindicales se asociaron con “partidos políticos” corruptos o depredadores. Cada vez que un partido optaba al poder debía necesariamente pactar, gratificar o condescender con el sindicado y conceder prebendas, en ocasiones inimaginables, como ahora se descubre, pagadas con dinero público.
La destitución judicial de un conserje del Congreso pone nuevamente el tema en el candelero. El hecho de que una persona que realizaba tal función, contratada a dedo, sin experiencia ni antigüedad, devengara un salario de más de USD2.000, evidencia el chantaje en las negociaciones de los pactos colectivos. Para colmo mayor, hay salarios que duplican y triplican la desorbitada cantidad citada, y todavía se pagan.
Es evidente que no se puede seguir así, y no es necesario ahondar en las razones. Hace falta una ley de servicio civil para todo el Estado y no cometer el error de que cada institución tenga la suya. El único empleador es el Estado, de ahí que la norma deba ser general. En ella hay que definir las competencias de los funcionarios públicos que por oposición accedan a las correspondientes plazas, el sistema de vacantes, ascensos y traslados y el salario que les correspondería, siendo igual para el mismo nivel, independientemente del destino. Debería, igualmente, detallarse pagas extras para posiciones de especial riesgo o dedicación.
Sin embargo pareciera que las cosas van por otro lado. El Congreso elabora “su ley” y así seguirán el resto de instituciones. Al final será un “reino de taifas” en el que cada soberano podrá negociar, de nuevo, a su voluntad, sin responsabilidad y derivar los costos al ciudadano, lo mismo que ahora ocurre y que hace que no haya presupuesto capaz de sostener el monto que representan esas espurias transas de las que ni nos enteramos.
Hay que ponerle término a eso, y es el momento adecuado. Regulada la función pública, la discusión quedaría limitada al incremento anual, dejando de lado las componendas particulares, los privilegios y otros extremos como el chantaje, la violencia, la opresión y, en definitiva, el autoritarismo y el poder del liderazgo sindical. Algunos hablan de la “dificultad de cambios por haberse suscrito convenios internacionales”. Excusas salvables tal y como han hecho países que se han tomado el tema en serio. Lo que hay que hacer es actuar de una vez y desplazar a esa mafia dictatorial que pretende seguir con los privilegios que ciudadanos honrados les pagamos ¡Se acabó!
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