Esta semana recién pasada se registró otro de los miles de casos de extorsión que terminan con el asesinato de la víctima, esta vez de un piloto de bus urbano que se negó a ceder a las pretensiones de los grupos criminales que han industrializado el negocio de la extorsión a niveles ya insoportables y con efectos devastadores en la economía, la salud mental y la vida cotidiana de los ciudadanos.
Mientras en el Congreso se discute sobre las enmiendas a la ley de la SAT, en un nuevo intento por aumentar la recaudación tributaria, en las calles de los barrios de todo el país, rige sin intermediación de ley o institución alguna, el pago obligatorio de extorsiones a familias, negocios, transporte, escuelas, y un largo etcétera, que en la práctica ha pasado a ser un impuesto no eludible pues como tristemente comprobamos con el caso del piloto de bus, Mario López García, si no se paga ese impuesto sin ley, se cobra con la vida.
Cuesta entender paradojas y contradicciones que afectan a nuestra sociedad, siendo por un lado el Estado que menos impuestos recauda en América Latina, mientras que los impuestos sin ley como la extorsión muestran un auge creciente que genera millonarias cantidades de renta a las bandas criminales que han hecho de esta actividad parasitaria su modus vivendi. En nuestro país el mayor empleador es la micro y pequeña empresa, y son estas las principales perjudicadas al verse obligadas a cerrar o bien restringir los niveles de inversión en sus negocios.
Por eso no deja de asombrar cómo en el seno del Congreso causa gran revuelo la posibilidad de que la SAT pueda requerir información de cuentas bancarias de contribuyentes, siempre mediante orden de juez, cuando en la vida diaria a millones de emprendedores locales se les imponen de facto montos a pagar en concepto de extorsión, que no pasan por ningún análisis o discusión sobre la capacidad de pago de las víctimas.
Cuántas cuentas bancarias en el país habrá de gente dedicada a la extorsión que guardan cantidades millonarias sin poder comprobar el origen de esos fondos y que, con un mejor control de las mismas, se podría proceder a su embargo e incautación. La corrupción generalizada nos ha llevado a desconfiar de todos y de todo, pero debemos adoptar medidas de control que, usadas responsablemente por autoridades probas y creíbles, les den el uso debido contra bandas delictivas como las de la extorsión que hacen mayor daño a la economía nacional que cualquier reforma o aumento de impuestos por la vía legal.
Al igual que contra los delitos de cuello blanco como la gran corrupción, urge disponer de herramientas para identificar y confiscar los bienes obtenidos por extorsión, y al mismo tiempo reformar la prestación de servicios públicos que como el transporte son objeto sistemático de ataque por este delito. En este caso específico, habría que empezar por sacar del juego a los que administran el millonario subsidio y no entregan cuentas a nadie por esos recursos, pues resulta impensable eliminar la extorsión en este negocio cuando los mismos directivos del transporte urbano hacen lo mismo con los recursos públicos que reciben.
El fenómeno extendido de la extorsión en el país es una consecuencia directa del abandono de los asuntos públicos de parte de la clase política gobernante en los últimos 30 años, desde que apareció en los barrios de la ciudad. La actual cruzada anticorrupción es una oportunidad para iniciar una estrategia para reducir los niveles de extorsión, cosa que era impensable si los mismos gobernantes son ejemplo de las actividades delictivas.
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