En el campo, el gran problema de las malezas radica principalmente en que no se puede dejar crecer una pequeña mata porque en poco tiempo todo el sembradío estará cundido de ellas.
Dicho sea esto para ejemplificar cómo el presidente Jimmy Morales, quien en campaña se vendió como el adalid de la transparencia, comenzó a defender el antejuicio para los alcaldes, a pesar de los terribles inconvenientes que la realidad ha evidenciado.
Tal actitud reticente a la fiscalización y la cuentadancia encontró terreno fértil en el Congreso, en donde diputados de la bancada oficialista FCN-Nación, incluyendo a varios señalados de ilícitos, dieron muestras de su resistencia a apoyar una modificación constitucional en este sentido.
Lo peor de todo es que los jefes ediles han servido como excusa para mantener ese privilegio que ha sido usado para encubrir desmanes de diversos funcionarios, entre ellos los mismos congresistas, que se resisten a quedar sometidos al imperio de la justicia, lo cual no debería ocurrir si en verdad estuviesen actuando con total honestidad.
La figura del antejuicio, que fue creada en un contexto de guerra, ha pasado de tener una noble función protectora de la pluralidad política y de ideas a ser una especie de derecho a la impunidad, que a la vez ha conducido al vergonzoso descalabro de los valores políticos y a un comportamiento disipado, discrecional e incluso cínico por parte de alcaldes, congresistas y mandatarios.
En el último año, el Organismo Judicial se ha visto en el centro de la opinión pública debido a los múltiples requerimientos de retiro de inmunidad presentados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, dentro de una guerra total a la corrupción gubernamental.
La mayoría de ellos han sido dados con lugar y es evidente cómo han salido a relucir las artimañas a las que acuden otros amparados en su investidura.
Aún así la investigación para retirar el fuero a un funcionario no siempre ha avanzado con la celeridad necesaria, pues dentro del OJ se han identificado intercambios de favores y cobro de deudas políticas o simples afinidades, las cuales ponen en riesgo la aplicación de la ley.
Por eso es que el antejuicio, en términos generales, debe ser eliminado y solo debe mantenerse en contados casos, como salvaguarda de autoridades en relación con señalamientos espurios.
No obstante, para los alcaldes, que han dado suficientes muestras de irresponsabilidad, despilfarro, nepotismo y tráfico de influencias, no debería existir más protección que su propio actuar con probidad y transparencia.
El mismo criterio se podría aplicar para los diputados, de cualquier bancada, puesto que si realizan su trabajo con ética, responsabilidad y rectitud no deberían temer por acusaciones falsas que serían rápidamente diluidas por las evidencias.
Es por ello que quienes se oponen a ese privilegio, que equivale a la hierbamala, deben reconsiderar su postura y unirse al bando de la cuentadancia y el escrutinio democrático, que pueden ser su mejor carta de presentación.
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