Guatemala atraviesa por momentos de extrema complejidad. Estoy convencida de que existe la posibilidad de que salgamos de esta encrucijada tan turbulenta como una sociedad más robusta y mejor preparada para que impere la justicia, y donde la ley se administre por igual a todos, independientemente de la posición que ocupemos en la sociedad. Pero también puede pasar que todo este esfuerzo que han encabezado el Ministerio Público y la Cicig se vea malogrado porque la gente que se resiste a perder sus privilegios se está reorganizando para contraatacar activamente la lucha anticorrupción. Descalificar a sus protagonistas, como ya quisieron hacer con doña Thelma Aldana; sembrar duda respecto de la objetividad y el profesionalismo con que los fiscales del MP han armado los casos que se presentan en tribunales; desplegar toda clase de artimañas para malograr los resultados de las investigaciones, y obstaculizar el avance de los casos que ya se han sometido a juicio, son parte de las cosas que están haciendo para evitar que las cosas cambien para mejor en Guatemala.
Basta ver los despliegues mediáticos de Pérez Molina y Baldetti y los otros acusados para darse cuenta de cómo se están coordinando para desinformar, para confundir a la ciudadanía, usando mal —intencionalmente— términos de la jerga legal, tales como “debido proceso” y “presunción de inocencia”. No crea que son tontos, o ignorantes; lo que quieren es que dudemos de que se les están respetando sus derechos y garantías básicas. Quieren que usted desconfíe de la veracidad de los testimonios o que crea que eso es la única prueba con que cuenta el MP. Por eso ahora, y con total desparpajo, hasta sugieren hacerle pruebas psicológicas a Juan Carlos Monzón.
Lo que buscan es que la gente de a pie, que no sabemos de términos legales, nos confundamos y desconfiemos de que el Ministerio Público está presentando casos sólidos, con pruebas fehacientes. No se le olvide que es al juez —no al MP— a quien le toca decidir si la evidencia es suficiente para condenarlos.
La estrategia del contraataque a la justicia incluye también victimizarse, vociferar que todo esto es un juicio político, y no uno por corrupción y por los otros tantos delitos de que se les sindica. Escuchando estos días las diatribas de los acusados, me preguntaba: ¿para qué tienen que hablar tanto y escupir odio cuando lo que deberían hacer es presentar ante el juez las pruebas de cómo compraron sus propiedades, tomando en cuenta el hecho de que sus ingresos conocidos no dan materialmente para acumular ese tipo y número de bienes?
Si solo fueran exfuncionarios de gobierno o politiqueros ya desprestigiados los únicos que estuvieran sindicados, las voces que intentan sembrar confusión no tendrían tanto eco. Pero como hay intereses y actores de la economía real, de los medios de comunicación y de la “buena sociedad” que están relacionados y siendo afectados directa o indirectamente con estos casos (y los que podrían venir), el eco es mucho más sonoro y reverbera con más fuerza. Quieren que se forme un coro en diversos sectores y así quitarle respaldo ciudadano al MP y a la Cicig.
¿Ha pensado usted qué pasaría con su familia si estas fuerzas oscuras llegaran a tener éxito y se restablece el anterior estado de cosas en Guatemala? Piénselo cada vez que vea la tele, encienda la radio o lea un periódico. A ellos no les importa usted, solo sus caletas y la posibilidad de volver a ejercer su poder impunemente.
No se deje confundir. Sí hay en estas acciones del MP una ventana de oportunidad para legar a nuestros hijos un país más decente para vivir.
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