DESDE VARIAS ÓPTICAS SE PUEDE analizar y comentar la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, de ligar a proceso a todos los implicados en el caso de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal. La primera es obvia: el sistema jurídico del país está funcionando y por ello ha habido avances, aunque en apariencia no con la velocidad suficiente. A este respecto se debe recordar la realidad del país hace apenas un poco más de un año, cuando hubiera sido imposible pensar en las manifestaciones populares, en las renuncias forzadas de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, mucho menos en la posibilidad de enviarlos a la cárcel a ambos.
EN ESA MISMA REALIDAD, los hechos son claros: tanto el expresidente como la ex vicepresidenta se encuentran ligados a procesos. Él, a dos: el caso La Línea y TCQ. Ella, a tres: los dos ya mencionados y el de la milagrosa pócima mágica para sanear en pocos meses el Lago de Amatitlán, por cierto el más absurdo pretexto y engaño para encubrir corrupción cometido en la historia del país. A ello se agrega el proceso de retiro de antejuicios a los diputados tránsfugas oficialistas y al magistrado Charchal, de la Corte Suprema, acusados de acciones ilegales de las típicas en la vida político-jurídica del país. Esto es positivo, aun cuando sean acciones logradas como resultado de la indudable presión del mundo, representado por la Cicig.
POR OTRA PARTE, ES TAMBIÉN positivo el hecho de la intervención de la empresa Aceros de Guatemala y el arraigo a dos de sus ejecutivos, así como de un hecho similar a las farmacias Galeno. En ambos casos, por falta de pago de impuestos, 255 millones de quetzales y 5 millones, respectivamente. La calificación de positiva para estas acciones no equivale a culpabilidad, sino se refiere al posible inicio de la misma actuación de los entes gubernativos encargados de los temas de impuestos. En las sociedades de los países democráticos avanzados, el incumplimiento de las obligaciones impositivas siempre es una acción castigada duramente, lo cual por supuesto no implica inexistencia de corrupción y evasiones, pero sí de falta de descaro.
NO PUEDE HABER CORRUPTOS sin corruptores. Por eso deben continuar, afianzarse y profundizarse los esfuerzos para combatirlos y con ello facilitar el pago de los impuestos existentes y sobre todo de aquellos señalados de necesarios, como es el caso de lo expresado la semana pasada por el comisionado Iván Velásquez, de la Cicig. Resulta muy difícil pedir y estimular la moral tributaria si la inmoralidad en el manejo de los fondos derivados de los impuestos llega a los colmos alcanzados en Guatemala. El ejercicio del poder político como si fuera una patente de corso para enriquecimiento aun a costa de la vida de niños y ancianos por falta de medicinas —por ejemplo— es el peor y más efectivo desestimulante. Esto se debe tener claro.
DESDE HACE MUCHOS AÑOS, el vertiginoso aumento de la corrupción ha sido el resultado de la ineficiencia no solo del sistema legal, sino de las argucias de todo tipo y a las “guizachadas” de todo mundo. La ciudadanía necesita mantener la actitud vigilante ejemplificada por instituciones de la sociedad civil y por las pertenecientes al sector público cuando son manejadas por personas con una conciencia tanto histórica como de aquellos efectos nefastos de mantener las lacras causantes de tanta tragedia nacional. Como siempre ocurre en este tipo de casos notorios por su escasez, no se puede olvidar esto: es el sistema, junto con los sindicados, quien se sienta en el banquillo. Dejar libres a delincuentes, sobre todo políticos, condena al sistema.
No Responses