El Minfin reconoce la existencia de deudas reconocidas y no reconocidas.
Es indudable que la corrupción en gran medida está determinada por la calidad moral de los que participan en ella, tanto en el sector privado como en el público pues, como sugería Sor Juana Inés de la Cruz, tanto peca el que peca por la paga como el que paga por pecar. Sin embargo, antes de culpar a los empresarios o a los funcionarios, es conveniente examinar las políticas económicas, particularmente fiscales, así como el marco jurídico que rige el accionar de empresas y entes públicos.
Un ejemplo palpable y claro de la corrupción inducida por la política fiscal es el caso de las empresas que exportan sus productos al exterior que se ven obligadas y hasta extorsionadas para hacer pagos ilegítimos a fin de obtener la devolución del IVA que han pagado en la compra de insumos para la producción de los artículos que exportan. En la tercera semana de febrero el MP denunció el caso de una empresa grande que incurrió en un supuesto acto de cohecho activo, al cual la prensa le dio amplia publicidad recalcando que el MP no solo persigue a los pequeños transgresores orientales, como se pensó hace unos meses, y además, también satisfaciendo resentimientos populares contra los grandes. Sin embargo, es ampliamente comentado en la calle que la devolución del IVA desde hace muchos años ha sido un instrumento para las coimas. Considero importante que tanto las autoridades como la opinión pública comprendan y tomen conciencia de que la devolución del IVA no es un privilegio al exportador sino que es un derecho que la ley concede a los exportadores en prácticamente todos los países del mundo. Desde hace siglos, los países han tratado de expandir sus exportaciones con el propósito de recibir divisas, recurriendo a veces a prácticas que favorecían a los exportadores en perjuicio de los consumidores o de otros sectores nacionales, prácticas que han sido etiquetadas de “mercantilismo”. Considero importante aclarar que la devolución del IVA no tiene nada que ver con prácticas mercantilistas sino lo que persiguen virtualmente todos los países del mundo con su aplicación es promover el comercio mundial al evitar que la competitividad externa de las empresas se vea distorsionada por las diferencias de los regímenes tributarios entre los diferentes países. Según recopilación del Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT) virtualmente todos los países latinoamericanos lo aplican bajo distintas modalidades, en la Comunidad Económica Europea, la materia está regulada para su aplicación uniforme por los países miembros y en lo que respecta a Estados Unidos, es ampliamente conocido el mecanismo de “Drawback” que se utiliza para ese propósito. Considero que la mayor responsabilidad en la corrupción vinculada a la devolución del IVA recae en las autoridades financieras cuya política es jinetear la devolución del impuesto pagado en la compra de insumos utilizados para la producción de artículos destinados a la de exportación, dándole discrecionalidad a los funcionarios para que determinen a quién se le devuelve primero. Por el lado empresarial, el temor a las consecuencias financieras de que se difiera en exceso la devolución de esos fondos, ablanda los escrúpulos que pudiera tener el exportador respecto a pagar coimas. Es bien claro, la responsabilidad de esa corrupción recae en el Ministerio de Finanzas.
Otro caso en que el Ministerio de Finanzas tiene la responsabilidad de la corrupción se da en el tratamiento a los proveedores del Estado, tanto en lo que se refiere al lado de las compras como de los pagos por las mismas. En prácticamente todos los países del mundo la empresa nacional más grande es el Estado y por consiguiente es la que más compra bienes y servicios para sus altos fines. Es natural que en ese abastecimiento participen muchas empresas y que sea generalizado el deseo de invertir capital, esfuerzos y trabajo para verse incluidos entre los proveedores. La discusión de la corrupción en las compras y contrataciones del Estado ya se ha iniciado y entiendo que se están adoptando medidas para su control. Lo que sigue siendo palpable es la situación caótica que existe en la situación de pagos. El Minfin reconoce la existencia de deudas reconocidas y no reconocidas. Supuestamente las que se derivan de compras que estaban respaldadas por una partida presupuestaria son las reconocidas. Las otras el Ministro responsable del gasto las hizo pensando contabilizarlas en ejercicios posteriores. El problema es que el Minfin no toma medidas para el pago ni siquiera de las que legítimamente estaban respaldadas por una partida presupuestaria y las compras de tales insumos supuestamente ya están ampliamente revisadas por la Contraloría. Sin embargo, es del dominio público la situación de proveedores de medicinas al Ministerio de Salud, de insumos educativos o alimenticios para el Ministerio de Educación, de equipamientos para la Policía Nacional Civil, que tienen más de un año de tener facturas pendientes de pago. Al mismo tiempo, en Guatecompras se puede observar casos en que algunos proveedores entregaron productos dentro de la misma partida presupuestaria que otros y que, aunque prácticamente todos los de esa partida arancelaria hicieron sus entregas en fechas cercanas, a unos les pagaron totalmente de inmediato en tanto que a otros aún no les han pagado, después de más de un año de espera y gestiones infructuosas, o solo les han pagado cantidades pequeñas dejando en mora importantes saldos. Es evidente que hubo discrecionalidad y consiguientemente, corrupción al determinar el orden de los pagos. Se sabe de los quebrantos de algunas empresas, particularmente Mypimes, que han llegado al borde de la quiebra o que se han visto obligadas a malvender activos para evitar ejecuciones bancarias. La opinión que se nos ha transmitido por más de un proveedor es que, bajo la mesa, hubo pagos de por medio para acelerar el pago a los afortunados proveedores cuyas facturas fueron satisfechas tan rápidamente. Esta creencia es más fuerte cuando se trata de instituciones o ministerios en los que se ha conocido y publicado noticias acerca de indicios de corrupción. Dada la enorme variedad de equipos, insumos y servicios que adquiere el Gobierno con un gasto de aproximadamente Q60 mil millones en 2015, entre los acreedores se encuentran empresas de todas dimensiones, desde multinacionales y las empresas más grandes del país, hasta Mypimes cuya capacidad financiera no resiste una situación de impago como la que se viene dando en el país desde el año pasado. Lo más probable es que muchas ya hayan quebrado, como ocurrió en un episodio similar en el segundo quinquenio de los años ochenta. Resulta difícil negar la responsabilidad del Minfin en la corrupción en que incurrieron quienes pagaron mordida para evitar que les tocara esa suerte.
El viernes 4 de marzo elPeriódico publicó, bajo el titular de Dictamen para eliminar candados se aplaza, la noticia de que un diputado de la UNE e integrante de la Comisión de Finanzas del Congreso se pronunció porque los recursos procedentes de los bonos que colocará el Minfin no se puedan utilizar para pagar deudas anteriores. El señor diputado señaló que en el caso de las cámaras de videovigilancia hay denuncias penales que impiden se pague a las empresas. Efectivamente, desde el tercer trimestre del año anterior esta adquisición ha sido objeto de denuncias y comentarios en contra de esos equipos. Incluso se publicó la noticia de que ese contrato de arrendamiento con opción de compra ya había sido rescindido. Es de felicitar a ese diputado por sus escrúpulos para impedir ese pago. Procede que se congele mientras se investiga y se analiza y que, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes. Lo que desde ningún punto de vista es conveniente es que incurra en el error de generalizar esa sanción a todas las empresas que tienen deudas anteriores con el Mingob o con cualquier otro ministerio o dependencia estatal pues todo indica que esos proveedores fueron precisamente los que no soltaron mordida para que les pagaran sus facturas. Lo procedente es que se investigue y se analice la legalidad de esas deudas.
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