El espinoso tema de la injerencia de la comunidad internacional en asuntos internos de un país emergió el jueves anterior de manera inesperada cuando el presidente Jimmy pidió el respeto a la Convención de Viena, que regula las actividades diplomáticas, y el nuncio apostólico, monseñor Nicolás Thevenin, hizo una dura crítica a la manera cómo actúan colegas suyos en su misión en Guatemala.
El mandatario, al final de su discurso, hizo la petición y luego provocó extrañeza cuando al ser cuestionado expresó que las preguntas deberían ser dirigidas al representante papal, como si él no hubiera expresado indirectamente algo que no pudiera ser interpretado válidamente como referencia al embajador de Estados Unidos, Todd Robinson.
Se trata de la figura diplomática más notoria en cuanto a la expresión de opiniones respecto de la realidad guatemalteca; pero no es ni ha sido el único caso, tanto en este momento como en años anteriores. Varios colegas suyos, sobre todo europeos, han hecho lo mismo, así como quienes representan a instituciones internacionales.
La crítica al embajador estadounidense se explica, se justifica y es adecuada en el tema de la manera en que muchas veces actúa, y en ese sentido deben ser considerados los señalamientos expresados por el Nuncio, quien se refirió a la necesidad de actuar con humildad, sin publicidad, con prudencia. Pero tanto Estados Unidos como la Unión Europea han sido factores positivos en la lucha contra la corrupción; es decir, el peor de los males que corroe la institucionalidad del país.
El término injerencia abarca mucho. Se puede intentar aplicarlo a temas como el rechazo y la crítica a violaciones a los derechos humanos, por ejemplo; pero en ese caso de seguro la reacción generalizada internacional y local sería calificar a estas expresiones como una justificada preocupación sobre la base de aplicar valores superiores en un mundo cada vez más integrado. A lo largo de la historia ha habido ejemplos de injerencia evidente, injustificada y moralmente repudiable, y de ello Guatemala es un claro ejemplo.
El caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es digno de señalarse. En teoría constituye una intromisión internacional, y esa es la base de quienes la adversan; pero en la práctica constituye la única forma de comenzar y sostener la urgente tarea de reencauzar al país en normas mínimas de corrección legal para rescatarlo del secuestro al que lo tienen sometido diversos sectores, así como políticos irresponsables y corruptos.
Sería desastroso para el país que por una mala interpretación de la soberanía nacional quedara truncada la tarea que se ha emprendido en contra de la corrupción, que ha quedado demostrado que se nutre desde el sector público y el privado, algo que claramente debe ser respaldado.
Un resultado positivo de la discusión provocada por el discurso del Nuncio consiste en que los guatemaltecos necesitamos comprender la verdadera situación del país. La reacción de la Comunidad Internacional no es una causa, sino un efecto, y Guatemala todavía tiene un largo trecho por recorrer en el fortalecimiento del estado de Derecho y de superar sus propias vulnerabilidades para lograr ese reconocimiento.
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