Justicia urgente para extirpar el nepotismo

El juez de Villa Nueva, Arnoldo Orellana, decidió ayer ligar a proceso a 15 personas sindicadas de cometer una serie de delitos relacionados con la estafa de la “fórmula milagrosa”, para descontaminar el lago de Amatitlán.

Como es sabido, a la cabeza de los encartados se encuentra la exvicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, quien de este modo acumula un segundo proceso de alto impacto jurídico, político y mediático. Le acompaña, también como acusado, su hermano Mario Alejandro Baldetti Elías, cuya presunta utilización de un poder del cual no estaba legalmente investido, empezó a salir a luz a medida que se desarrollaron las audiencias iniciadas el pasado 1 de marzo.

No por esperada, la decisión del juez Orellana deja de ser trascendental. Y lo es, precisamente, porque en este juicio no solamente se ventilará el engaño del que se hizo objeto al Estado y a la sociedad con el asunto del “agua mágica”, sino también implicará la oportunidad de poner en la picota prácticas nepotistas, abiertas y solapadas, que tanto daño han hecho al sistema político guatemalteco.

Lo que ha salido a la vista pública, en este caso, es cómo el hermano de la entonces segunda mandataria del país se habría aprovechado de su relación familiar para ejercer funciones de mando y manejar a su antojo al menos una institución pública, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán (AMSA), sin que tuviese nombramiento legal para hacerlo.

El nepotismo, nos dice el Diccionario de la Lengua Española, es la “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”, en tanto que la Ley Contra la Corrupción establece, en su artículo 35, que “comete delito de tráfico de influencias la persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero”.

Las prácticas nepotistas se han convertido en moneda de curso corriente en el sistema político guatemalteco, como se hizo evidente hace algunas semanas con el escándalo de las plazas fantasmas y los sueldos estratosféricos asignados a allegados y parientes de diputados en el Congreso de la República.

Como ocurre con la violencia o la corrupción, para solamente citar dos males endémicos de nuestra sociedad, el nepotismo se ha “normalizado” y se volvió “parte del paisaje”.

Pero estamos en el momento histórico exacto en que Guatemala puede corregir el rumbo. Por eso es tan importante la decisión del juez Orellana: es hora de decir en buen guatemalteco: “aquí no hay hermano que valga”. ¡No! al nepotismo.