La pobreza en el área rural guatemalteca es lacerante y vergonzosa. Es evidente que la búsqueda del desarrollo rural debe ser una prioridad de las políticas públicas del país. Pero hace falta ser terco (o malintencionado) para no darse cuenta de que los esfuerzos para reducir la pobreza rural pasan, inevitablemente, por resolver un problema eminentemente económico: la falta de productividad.
En efecto, de todos los sectores de actividad económica, la agricultura registra el nivel más bajo de ingresos promedio de sus trabajadores, y es la actividad con mayor fuerza laboral del país, con casi el 40 por ciento de la población ocupada, pero apenas contribuye con menos del 14 por ciento de la producción nacional.
Abundantes estudios técnicos demuestran que la solución a esta situación requiere de una política agrícola que eleve sosteniblemente los ingresos (es decir, la productividad) en el campo. Dicha política debe tener, al menos, cuatro componentes esenciales para los pequeños productores: programas de riego; programas de extensionismo (asesoría y acompañamiento); fortalecimiento y coordinación de la institucionalidad estatal; y, priorización de la política de seguridad alimentaria.
La política agrícola, claro está, no debe diseñarse ni aplicarse de forma aislada, sino que debe estar concatenada con una política de desarrollo integral del país, incluyendo políticas de desarrollo urbano, pues no hay que olvidar que las ciudades han sido, a lo largo de la historia, un motor esencial del desarrollo social y económico.
Para lograr todo ello podría ser conveniente (aunque no indispensable) emitir leyes que obliguen a que se apliquen tales políticas. Pero, en todo caso, debería tratarse de leyes focalizadas y técnicamente bien estructuradas. Por desgracia, la polémica iniciativa 4084 (Ley de Desarrollo Rural Integral) no es nada ello: se trata de un manifiesto de promesas incumplibles, con evidente carga ideológica, que en nada contribuye al urgente esfuerzo de aplicar políticas de desarrollo agropecuario.
La iniciativa 4084 no solo confiere poca importancia a los cuatro elementos fundamentales de la política agrícola antes indicados, sino que los contradice y menoscaba, pues pretende inventar onerosas estructuras estatales paralelas al Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, al Ministerio de Agricultura y a los propios Consejos de Desarrollo, en vez de hacer un mejor uso de los escasos recursos existentes mediante el rescate y coordinación de la institucionalidad ya existente. Así, en el torbellino de hiperactividad legislativa que ahora agobia al Congreso, el impulso de tal iniciativa parece tratarse de un distractor que solo obstaculiza y pospone las verdaderas soluciones que deben aplicarse para lograr el desarrollo rural.
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