La sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad estableciendo restricciones a la comercialización de medicamentos genéricos constituye un duro golpe a la salud de la población. Más para los pobres, pero no solo para ellos. El empresario Jorge Carpio Nicolle murió en Quiché porque el hospital no tenía ni mejorales. La restricción a los genéricos condena a todo el sistema público de salud a depender de monopolios, cuando en Guatemala hasta la clase media se cura con medicinas genéricas. Los magistrados firmantes de la sentencia no conocen esa diferencia. Ni modo, ganan Q70 mil mensuales.
La CC, creada para respetar la Constitución de la República, pasa por alto el artículo 130 donde, de manera expresa, se establece la prohibición de los monopolios y privilegios: “El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria”. Y agrega que “el Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores”. Por si fuera poco, la Constitución en su artículo 94 declara la salud de los habitantes como un bien público.
El magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, ponente de esa monstruosidad, y quienes votaron a favor de la resolución, o se equivocaron o actuaron oficiosamente en favor de los intereses de una empresa que pretende reemplazar al Ministerio de Salud Pública. Esto, porque si se aplica la sentencia la que dirá en adelante qué medicamento puede comercializarse y cuál no será la empresa J. Cohen.
Con justa razón el magistrado suplente Juan Carlos Medina Salas ha solicitado anular en definitiva la sentencia, por el gran daño que produce a la población.
Los genéricos constituyen una opción para quienes carecen de suficientes recursos para curarse. Sin esta posibilidad muchas personas de toda edad podrían morir irremediablemente al no contar con dinero suficiente para comprar medicamentos. Poco a poco irán desapareciendo ciertas medicinas y las farmacias sociales. El Ministerio de Salud Pública y el IGSS invertirán millonarias sumas de dinero, mucho más de lo que gastan ahora, en la compra de estos suministros.
La resolución sobre medicinas genéricas debe ser anulada por manifiesto favoritismo en favor de una empresa transnacional.
La CC, que en otros países es una sala más de apelaciones, manteniéndose la supremacía de la Corte Suprema de Justicia, en Guatemala es un supra estado. Quita impuestos, cargos de elección, torres eléctricas, tarifas, salarios. Tiene razón Alejandro Balsells Conde. Deben marcarse los límites de la CC. No es posible que en esa arena se decida sobre asuntos políticos y democráticos y cuanta ocurrencia surja. El colmo: decidir que en el corrupto deporte sea válida la reelección, cuando se procesa a uno de sus magistrados por sobornos en el futbol, es increíble de aceptar como casualidad.
Publicado el 11 de enero de 2016 en www.s21.com.gt por Byron Barrera Ortiz http://www.s21.com.gt/mirada-buho/2016/01/11/cc-laberinto
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