La Cicig, el MP y los antejuicios

Es a todas luces ilógico, por no decir inaceptable, que el presidente de la comisión que decidirá sobre el retiro del antejuicio al mandatario tenga a su vez una petición similar, sobre todo si está avalada por el MP y la Cicig. Al actuar ayer de esa manera, la entidad encabezada por el comisionado colombiano Iván Velásquez parece haber dado el primer paso en los señalamientos contra diputados y aspirantes a cargos de elección popular.

Un punto de vista legalístico señala que tal solicitud no tiene relación con el trabajo que debe efectuar la comisión pesquisidora, pero se trata de un ejemplo claro de cuando lo correcto debe pesar más que lo legal. El grupo político liderista, en especial su mandamás, tiene súbitamente un nuevo problema adicional al que significa tener mayoría para recomendar el retiro del antejuicio al mandatario, pero es riesgoso para sus fines electorales tanto emplearla como abstenerse de hacerlo.

En el caso de Hichos, la investigación en su contra señala que arrendó en forma anómala un edificio al IGSS, en Chiquimula, porque traficó influencias con el jefe de compras de la institución y logró un contrato de 27 meses, cuyo monto total es de más de dos millones de quetzales, equivalentes a Q80 mil mensuales.

Pero no es el único traspié sufrido por Líder. También existe otro y se refiere a las acusaciones planteadas por gente relacionada con esa agrupación política en contra del periodista César Pérez Méndez, director editorial del periódico elQuetzalteco, derivada de las publicaciones que en ese diario departamental señalan la falsedad de la propaganda electoral de ese partido.

Los lideristas filmaron un anuncio propagandístico en el cual se señala indirectamente que quien aparece en él es la dueña de una panadería y que apoya la candidatura de Manuel Baldizón, lo cual es falso, porque ella no es propietaria del local y el nombre con que aparece en la publicidad tampoco es el suyo. Esta actitud solo se puede interpretar como una manera de intimidación a la prensa, tema que merece artículos periodísticos específicos, porque atenta contra una de las libertades básicas de todo país en el que se quiera mantener y afianzar la democracia.

La Cicig y el MP tienen ahora la tarea de continuar señalando a aquellos funcionarios que, a causa de sus acciones cuestionables e imposibles de explicar sin que se introduzca en el análisis el elemento de la corrupción, no deben participar como aspirantes o repitentes a los cargos de elección popular. Mientras todo eso sucede, la tarea de la comisión pesquisidora del Congreso se encuentra, realmente, en un limbo.