Mucho descaro en el servicio público

Ahora le corresponde a la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde también hay fuertes indicios de una defraudación significativa, la cual se pudo poner al descubierto gracias a la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que junto a la Fiscalía Especial del Ministerio Público ha permitido desarticular algunas de esas bandas, cuyos procedimientos dejan mucho que desear en lo ético y lo profesional.

En el caso del Seguro Social, vuelve a ser determinante el mecanismo tan complicado para buscar diluir la responsabilidad de quienes verdaderamente deciden las millonarias compras en esa institución. Es difícil creer que una junta de licitación, en la que predominan empleados de segunda línea y seguramente operando bajo fuertes presiones, tenga la capacidad de incidir en las acciones de las altas autoridades para establecer la adjudicación de un contrato, sobre todo cuando se habla de erogaciones de millones de quetzales, que además se conceden con la notoria intención de obtener comisiones.

Ese tipo de detalles revela los altos niveles de corrupción que imperan en muchas instituciones estatales del país, en las cuales, con cada gobierno, los funcionarios no son nombrados por su trayectoria o capacidad, sino por el dudoso mérito de ser amigos o colaboradores cercanos de las autoridades de turno y que van precisamente a servirse de los recursos y puestos públicos para generar un beneficio propio o el de un pequeño círculo.

La sola adjudicación a la empresa Pisa es una muestra de las enormes omisiones en las que incurrieron quienes determinaron esa contratación, ya sea que lo hayan hecho por dolo o simple descuido. No es difícil suponer que obtener un convenio de tantos millones solo pudo ser posible mediante prebendas.

Al parecer, la firma ni siquiera contaba con la licencia sanitaria respectiva para prestar servicio a pacientes renales, para lo cual se requería una mínima especialización para atención de calidad. Esto podría explicar por qué ese tratamiento resultó mortal para algunos afiliados que de manera forzada se vieron empujados a cambiar de proveedor.

En los argumentos que expuso ayer la jueza que lleva este caso existen suficientes evidencias que desnudan muchos de los procedimientos amañados que desde hace tiempo se siguen a la sombra del Estado, con la diferencia de que hay 13 víctimas directas cuya muerte reclama justicia.

No son las únicas, porque habría que contar cuántos niños han muerto por desnutrición o cuántos pacientes en hospitales, por no contar con insumos que no se compraron debido a que los fondos destinados a adquirirlos fueron utilizados de manera anómala e inmoral.