Los retos del “nuevo” contralor

En política, cuando las primeras partes fueron muy malas, es más factible que las segundas resulten mejores. Tal fue el caso del presidente peruano Alan García que, después de una desastrosa primera gestión, se reivindicó con decencia y efectividad en su segunda oportunidad. O del polémico Marion Berry que, siendo alcalde de Washington DC, fue a prisión por fumar crac y contratar prostitutas, pero al salir libre fue reelecto y ejerció con honestidad y recato. Ojalá que esta segunda gestión del licenciado Mencos se asemeje a estos casos excepcionales.

El agresivo cáncer de la corrupción está tan diseminado en Guatemala que no queda más que ser optimistas y otorgarle el beneficio de la duda al nuevo contralor. Pero es crucial que el licenciado Mencos esté consciente de que la Contraloría que ahora le toca dirigir es, en varios aspectos esenciales, distinta de la que dejó hace algunos años. Para empezar, resulta que (para bien de la Contraloría y del país) a finales de 2013, el Congreso introdujo mejoras importantes a su Ley Orgánica; entre ellas, conferirle un mandato explícito que antes no tenía.

En efecto, a diferencia de la Contraloría de hace unos años, hoy debe perseguir un objetivo fundamental: “La Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública”. Como se ve, el objetivo es claro y ambicioso, a la altura de lo que los entes fiscalizadores de los países más transparentes ejecutan regularmente.

También hoy, la Contraloría tiene un ámbito de competencia más amplio del que le tocó cubrir al licenciado Mencos en su primera etapa. Ahora deberá (como lo indica el artículo 2, reformado, de su Ley Orgánica) fiscalizar no solo a los organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, sino también deberá hacerlo con las “demás instituciones que conforman fideicomisos constituidos con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado”, así como con “los contratistas de obras públicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos”.

Ahora también la Contraloría está obligada a someterse a una auditoría externa anual y a presentarla ante el Congreso de la República para que este la fiscalice. Y, finalmente, uno de los retos más complejos del nuevo contralor será enfrentar a las redes de corrupción que se extienden y arraigan en varias instituciones del Estado, incluyendo a la propia Contraloría.

Ojalá que el nuevo contralor esté a la altura de estos retos que antes no tuvo que enfrentar. No hay que olvidar que la función de la Contraloría de Cuentas es crucial en cualquier sociedad, pero en la coyuntura actual de Guatemala, la mejora urgente en su efectividad resulta clave no solo para que funcionen las políticas públicas que propicien el desarrollo económico, sino que incluso para la sobrevivencia misma de nuestro débil sistema republicano y democrático.