Lo malo es el sistema

Por eso no se arregla si los señores de la Corte de Constitucionalidad deciden salir con alguna solución salomónica como las que se han mencionado ya: preservar la elección de la Corte Suprema de Justicia y desechar la de Salas de Apelaciones o retrotraer el proceso a la elección en el Congreso o a las mismas Comisiones de Postulación.

El problema de fondo no es quiénes son las personas electas, el problema son las reglas que hemos diseñado para elegirlas. Eso es lo que tiene al país postrado bajo un manto de impunidad y eso es lo que hay que cambiar.

De hecho, si examinamos las listas elaboradas por las Comisiones de Postulación e incluso si enumeramos a los magistrados electos, encontraremos profesionales capaces y personas honestas.

Entre los 13 designados para CSJ, conozco de larga data a la magistrada Patricia Valdez y de ella puedo decir que es una mujer ejemplar, con una trayectoria intachable, meritoria y de muchos años en el Organismo Judicial. En el plano de la tesitura de su carácter, puedo agregar que siguió el camino de la judicatura pese a que ejercerlo con honradez le costó la vida a su padre en los tiempos más oscuros del conflicto armado.

Entre los designados para ocupar las Salas también hay excelentes profesionales. Puedo hablar, por ejemplo, de Marwin Herrera, quien también ha tenido una carrera notable y, además, se distingue por su calidad humana.

Y así, también hay abogados con experiencia en el campo de la academia o el litigio que fueron electos y que pueden llegar a refrescar las instituciones, aunque su experiencia no esté centrada en la judicatura.

Por razones de espacio, no podría enumerar aquí a todos los candidatos capaces que sí fueron electos para integrar estas Cortes, pero claro que los hay.

El problema, reitero, no son las personas, es el sistema.

Lo dijo el expresidente de la Corte Suprema José Arturo Sierra, en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), y el público lo ovacionó: el sistema de elección de jueces que tenemos en Guatemala es pervertido y perverso.

Esa perversión es el problema: que tengamos una estructura diseñada para que la administración de justicia sea cooptada por intereses particulares cuyo propósito no es que la ley prevalezca, ni muchos menos la justicia, sino imponer la propia agenda.

Las reglas están planteadas aquí de tal manera que aquellos que ostentan poder y fortuna puedan patrocinar y contar con sus propios operadores dentro del aparato de justicia. Lo temible es que quienes pueden participar de este juego ya no son solo los grandes consorcios empresariales, o los políticos más destacados del país, sino cada vez más, las mafias (cuyos tentáculos están presentes en todas las esferas del país).

Ese sistema es el que hay que desmantelar.

El nivel de abuso y descaro al que llegamos en este proceso de postulación de cortes fue inaudito. Si persistimos con la misma estructura fallida, las instituciones van a terminar de crujir en el corto o mediano plazo.

Necesitamos cambiar las reglas. Tenemos que crear el entorno institucional con los incentivos correctos para que en Guatemala tengamos jueces independientes, honestos y capaces, jueces que apliquen la ley y que velen por el reino del Estado de Derecho.

Ese es el sueño y la esperanza, para que captar a los mejores profesionales con vocación para la judicatura no sea la excepción, sino la regla.

Y la oportunidad es ahora, no en cinco años.