Una crisis silenciosa

Este lunes a eso de las nueve de la noche nuevamente se registró un movimiento telúrico con una intensidad de 5.3 grados en la escala de Richter, que según reportes de las autoridades, otra vez dañó la infraestructura habitacional en algunas comunidades del departamento de San Marcos.

Sin duda, los poblados localizados en occidente han sido los más afectados con estos eventos naturales extremos. Los cuales solo son noticia cuando acontecen, pero con el paso de los días los damnificados dejan de ser foco de interés y pasan a ser una crisis silenciosa.

Recordemos que las comunidades perjudicadas acumulan situaciones de precariedad, extrema pobreza y desnutrición. Al sumarse las secuelas de los sismos se agrava la vulnerabilidad y las tensiones sociales convirtiéndose en un multiplicador de las desigualdades.

Muchas de las escuelas dañadas, centros de salud y carreteras aún no han sido reparados. Decenas de pobladores habitan sus viviendas que representan un claro riesgo a su seguridad debido al deterioro que han sufrido en su infraestructura tras los movimientos telúricos; sin embargo, no cuentan con alternativas para abandonarlas.

Es urgente que las autoridades brinden una respuesta efectiva a la situación que padecen los habitantes de varias comunidades afectadas considerando que en los últimos días la clase política del país pareciera desentenderse del estado de calamidad en que viven nuestros hermanos del Altiplano.

Es necesario que se agilicen los recursos financieros para atender las emergencias que han surgido tras los seísmos. Asimismo, que los diputados del Congreso de la República pongan especial interés para agilizar la ayuda a los moradores y no politizar la emergencia. Recordemos que los pobladores han denunciado que desde el primer evento registrado en noviembre 2012, el sismo de 7.2 grados que dejó un saldo mortal de 48 personas y 150 heridos, muchos no han recibido ningún apoyo de las entidades estatales. Incluso en algunas áreas la reconstrucción nunca llegó.

Desentendernos de la situación que viven las decenas de familias en la zona únicamente incrementará los rezagos sociales y será un estímulo a la migración que tanto el Gobierno guatemalteco como el estadounidense buscan frenar. Ojalá emerja desde el Ejecutivo y los diferentes sectores sociales la solidaridad con los damnificados en Occidente.