Sin proyecto de nación

Desde 1984 se puso en vigencia un nuevo texto constitucional como parte de un proceso de transición a una democracia formal, superando la historia de fraudes, militarismo y represión, instaurados desde 1954 cuando se derrocó al gobierno ­libremente electo.

En 1986 se inició una etapa de gobernabilidad democrática hasta llegar a la crisis de 1993, que nuevamente perturbó al país. En esa ocasión el gobierno dio un autogolpe hasta que otro presidente designado por el Congreso de la República terminó el período.

Los Acuerdos de Paz de 1996 representaron para el país una oportunidad única para avanzar en el desarrollo. No solo pusieron fin al enfrentamiento armado interno de 36 años sino que propusieron una agenda para la reforma del Estado y la reestructuración socioeconómica del país.

Sin embargo, se desperdició la coyuntura y se enrumbó al país por la ruta contraria: la privatización de los servicios estratégicos del Estado y la cesión de los recursos naturales. La pobreza y el desempleo ganaron terreno, junto con la migración masiva de guatemaltecos hacia Estados Unidos.

Las remesas, pese a haber reemplazado las exportaciones y el turismo, no compensan el desequilibrio social, que ha aumentado y se manifiesta tanto en áreas urbanas como rurales. En general, hay incertidumbre, zozobra, violencia y falta de confianza en las instituciones.

Tres décadas después del inicio del nuevo ciclo, conviene evaluar la calidad de las acciones del Estado, asumiendo que los principales actores de dicho proceso son los partidos políticos y las fuerzas sociales; es decir, empresarios, sindicatos, organizaciones del campo, pueblos indígenas, cooperativistas, académicos, militares, estudiantes y maestros.

Lo malo es que no existe un punto de encuentro, pues cada sector privilegia sus intereses sectoriales y de grupo y nadie piensa en la nación como conjunto. No existe un proyecto de nación, una visión compartida, un plan. Hoy por hoy hay una especie de rapiña.

El proceso electoral, la emisión de leyes, algunas movilizaciones sociales, el deporte federado, todo, se mueve esencialmente tras el negocio o la búsqueda de satisfactores de grupo. El interés nacional, público, colectivo, ni en el discurso.

El contrato con la empresa Marhnos para cobrar el peaje de la ruta Palin-Escuintla luego de ser construida por el Estado, ilustra la manera en que se la acción pública solo ve el interés privado.

Debido a que el contrato de concesión es del uno por ciento de regalías, del 2000 hasta el 2014, el peaje rindió Q905 millones 563 mil. El Estado recibió en ese mismo tiempo apenas Q9 millones 55 mil 634. ¿Es eso interés público? ¿Se legisla para el interés nacional? No. La minería es otro ejemplo: De nuevo, apenas el uno por ciento para el Estado.

Debemos superar la autoestima como país. No hay duda.