Campaña anticipada

tomó posesión, en enero del 2012, empezó la competencia por la presidencia del país con actividades de diversa naturaleza. Lo diferente en este año es que algunos partidos y candidatos ya han decidido hacer gala de sus recursos publicitarios. Esto por supuesto es ilegal, pues si bien es cierto que la Ley Electoral les permite a los partidos hacer trabajo y comunicación de proselitismo, lo que no es permitido es anticipar campañas por candidatos o candidatas en particular hasta que se convoca oficialmente la campaña electoral por el TSE.

Esto también nos recuerda la reforma a la Ley Electoral aprobada por el Congreso y que se encuentra en consulta en la CC, en la que se establece que la publicidad de campaña electoral debe ser toda manejada por el TSE, esto con el fin de transparentar el financiamiento de los recursos de dichas campañas, además de poder regular los tiempos en que la publicidad electoral sea legal. Hay algunos medios de comunicación social que se oponen a esta reforma, pero es porque no quieren que se dé esta vigilancia del origen y manejo de los recursos, y tampoco que se apliquen las limitaciones de tiempo que establece la Ley, pues se benefician económicamente de esta campaña anticipada.

Cabe preguntarse de dónde sacan ciertos candidatos los recursos económicos para mantenerse en campaña durante cuatro años y por qué no rebelan las fuentes. El peligro más grande de cualquier democracia es permitir que a través del financiamiento se infiltre el crimen organizado, desnaturalizando su esencia.

Lo anterior no solo demuestra la debilidad que tiene actualmente el TSE, sino en particular que el monto de sanciones económicas que establece la ley por este tipo de faltas no tienen relevancia y son totalmente ignoradas.

Adicionalmente, se da otra situación lamentable, y es que empiezan a prevalecer los mensajes breves y superficiales (eslogan), en lugar del debate serio y profundo sobre las diferentes visiones políticas y planes concretos de gobierno, con lo que la población se acostumbra a que un proceso electoral es de simpatías personales y no de un análisis serio de las opciones de futuro para el país.

Hoy ya tenemos un candidato que ofrece pena de muerte sin ninguna reflexión ética y sin que ningún grupo cristiano levante su voz por el derecho a la vida, y de igual manera ofrece el bono quince, en lugar de plantear un aumento al salario mínimo. Además, tenemos un ministro que se dedica públicamente a inaugurar obras de infraestructura que convierte en spots de publicidad con recursos del presupuesto nacional.