Desempleo y postulación

PEDRO TRUJILLO

Nos perdemos en discusiones sobre si tal postulante a magistrado, fiscal o contralor debe incluirse o no en los distintos listados que se elaboran. Para seleccionarlos, algunos quieren mejorar las condiciones profesionales, otros las académicas y muchos hablan de la honorabilidad y la ética como barreras de ingreso. Llevamos algunos años perdiendo el tiempo porque más tarde el Congreso o el presidente terminan por elegir, precisamente, a quien les da la gana de esos extensos listados que se les presentan. ¡Tanto esfuerzo, casi para nada!, o para nada.

Siempre me pregunté qué anima a un probo abogado exitoso, con un bufete lleno de casos bien pagados, o a un contralor cargado de trabajo, a presentarse a una elección en la que deberá abandonar su empresa privada para cobrar una miseria del Estado y cuando termine, tras cuatro o cinco años, reemprender y retomar un camino abandonado que deberá nuevamente construir. No obtenía la respuesta por bien pensado, pero me la hicieron ver. La mayor parte de esos candidatos —no todos— son desempleados y poco o nada exitosos en su profesión.

Han sido, o lo son, trabajadores públicos que saltan o revolotean —como el colibrí— “de flor en flor pública” y buscan cómo quedarse en la estructura estatal. Para ello, y teniendo presente que el país carece de funcionarios civiles de carrera, no les queda de otra que medrar, ofrecerse, prestarse o, finalmente, venderse a quienes les ofrecen la posibilidad de “ser algo” por un tiempo. Ese “alegrón de burro” ajeno nos cuesta dinero, eficacia y falta de justicia para los ciudadanos que observan cómo aquellos electos y probos magistrados, fiscal o contralor, obedecen intereses muchas veces incompresibles y no actúan conforme a parámetros éticos y profesionales. Quizá porque nos quedamos pensando —como yo— en las extrañas causas que los animan a ocupar el cargo.

A ese grupito en desempleo se les unen —o coinciden en ellos mismos— otros que ya han sido “expulsados” del mercado laboral por distintas razones y no encuentran espacios en universidades, bufetes, consultoras ni otros lugares siquiera medidamente decentes. Por último, pero no menos importante, los hay con serios problemas de salud y que difícilmente serían candidatos adecuados porque terminan ausentándose del trabajo largo tiempo por cuestiones derivadas de enfermedades y, consecuente, no son eficaces para el trabajo que deben realizar ni muchos menos para la tensión que tienen que soportar. Los hay, incluso, farmacodependientes, por ser fino en la expresión y evitar complejidades semánticas mucho más claras.

Ser funcionario público o elector de aquellos, requiere mucha más responsabilidad que las fijadas por calificaciones profesionales, académicas o éticas. Hay que ver si realmente son profesionales exitosos, han estado sujetos a fiscalización social, precisamente por haber trabajado en distintas áreas o mantenido un despacho exitoso, y si cuentan con las adecuadas condiciones sicofísicas para prestar el servicio con la intensidad que ello requiere y ellos mismos promueven antes de ser designados.

De momento, demasiado desempleado, medrador, quebrantado de salud o vendido al mejor postor a cualquier precio, rondan como hienas las candidaturas. No todos son así, pero hay más de los deseables. Cumplen los “requisitos formales” y nos apabullan con sus tesis, tesinas, libros, “librinas” y experiencia laboral, aunque ya sabemos tal cual fraudulentamente mostró el “rey de las tesis y de los libros” —y su insigne asesor— cómo engordar el CV acompañado de tutores, revisores y otros “magnos” académicos y doctores prostituidos.