Su carro y Mario Polanco

El equivalente a 1,428 calcomanías de circulación de vehículos, con un costo promedio de Q350 cada una, serían necesarias para pagarle a Mario Polanco las costas judiciales que pretende cobrar, por haber promovido el caso de la desaparición de Fernando García (el esposo de su mujer, Nineth Montenegro). Polanco manifestó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que graciosamente cobraría la “cantidad simbólica” de Q500 mil por la gestión del juicio ante la Corte por el caso de la desaparición de García (numeral 228 de la sentencia, que puede leerse en Facebook de la Fundación Contra el Terrorismo).

El truco subyace en que Mario Polanco se aseguró de ser considerado como víctima de la de-saparición de García (numeral 3) al manifestar a la CIDH que él “ha sufrido” durante el proceso, por lo que también debe ser objeto de reparaciones financieras, además de tratamiento psicológico –aquí es donde se escucha un sonoro “¡A cuenta de qué!”.

Pero, ¿por qué tomarse tanta molestia? Es ahora cuando la cosa se pone más interesante. Resulta que la CIDH ha condenado al Estado de Guatemala –es decir a usted, a mí y a todos los que tributamos–, a pagar una cantidad tal, que la Corte en su sentencia exige que el monto sea secreto. Esto motivó el voto razonado del juez Eduardo Vio Grossi, que consideró un acto arbitrario el ocultar la cantidad, que se estima en US$3 millones, es decir, unos Q24 millones –68 mil 574 calcomanías. Es obvio que Mario Polanco se coló entre quienes –según ellos– recibirán esa enorme suma.

Esa, y no otra, es la respuesta a la interrogante del por qué la denodada lucha de las y los activistas que supuestamente defienden los derechos humanos, con el propósito de llevar casos ante la CIDH. Y es que esa instancia reconoce el “derecho” de los abogados a cobrar las costas que, en muchos casos, se reparten entre los juristas y los oenegeros (numeral 228). Es válido preguntar qué parte de los resarcimientos se han quedado en manos de esos intermediarios. Estoy seguro que la más grande.

Hasta ahora, violando la ley, se han pagado alrededor de Q400 millones por concepto de resarcimientos por las sentencias de la CIDH –equivalente a 1 millón 142 mil 857 calcomanías de circulación de vehículos. Ha sido ilegal, porque cuando Guatemala se adhirió a la Corte en marzo de 1987, fijó una reserva en cuanto a la no retroactividad de esa instancia. Por lo tanto, lo que se ha pagado por concepto de resarcimientos constituye un delito penal. Y es doblemente inmoral, porque con ese dinero se cubriría una enorme cantidad de necesidades urgentes para millones del guatemaltecos.

En cuanto al caso de Fernando García –militante de una organización terrorista– todo lo actuado en los tribunales guatemaltecos y en la CIDH ha sido basado en supuestos, ya que no se ha comprobado de manera fehaciente la responsabilidad del Estado en su desaparición.

Y usted… ¿ya pagó la calcomanía de su carro? Si aún no lo ha hecho, el Grupo de Apoyo Mutuo y Mario Polanco lo invitan a que se apure a hacerlo.