Alcalde de Santa Bárbara usaba arma de su padre asesinado
Jueza y alcalde serán investigados por posibles actividades ilegales en el municipio de Santa Bárbara
Una manta, en apoyo al alcalde de Santa Bárbara, se encuentra colocada en el ingreso a la población.
Ser detenido en un vehículo con las placas ocultas, junto a tres hombres armados y portando un arma registrada a nombre de otra persona, no impidió que Otto Orlando Nájera Franco siguiera en el ejercicio de la alcaldía de Santa Bárbara, Suchitepéquez. Todo ocurrió el 24 de febrero en la comunidad Nueva Esperanza, a pocos kilómetros de Santa Bárbara: pobladores de un comité de seguridad detuvieron un automóvil en el que se conducían cuatro personas, entre ellas Nájera Franco, su guardaespaldas y dos concejales de la citada comuna. Los viajeros abrieron fuego contra los comunitarios e hirieron en el lugar a Francisco Urízar Sagvín. Lo Policía Nacional Civil (PNC) registró ese hecho por medio de un circunstanciado, sin embargo, solo reportó la detención de tres personas: Juan Antonio Macario Lázaro, agente de seguridad del Alcalde, Juan de Dios Rodríguez Quevedo, concejal segundo y Damasio Ordóñez Larios, concejal suplente quienes fueron ligados a proceso por disparo de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. Nájera Franco no fue conducido a esa judicatura de Paz.
Circunstanciados
Pero los agentes de la PNC cometieron un error: en el expediente de investigación de la fiscalía constan dos circunstanciados policiales. El primero detalla que Nájera Franco estuvo presente en la escena donde fueron detenidos sus concejales y su seguridad. En el segundo informe policial el Alcalde no aparece en la descripción de los aprehendidos. La fiscalía de Mazatenango, Suchitepéquez, determinó que el primer circunstanciado indicaba que en el vehículo se habían encontrado cuatro armas de fuego y cuatro licencias de portación “pertenecientes a cada uno de los detenidos”, sin embargo, al Juzgado de Paz únicamente fueron remitidos tres. Los anteriores errores fueron suficientes para que el Ministerio Público (MP) solicitara la detención de los cinco agentes de la PNC que participaron en el procedimiento: Wilson Geovanni Col Arreaga, Elmer Joco García y Alberto Mardoqueo Chigüichón Franco, agentes de las Fuerzas de Intervención Policial; además de César Augusto Ramírez Ordóñez, René Ariel Miranda, encargados de la Subestación de Santa Bárbara.
Antejuicios
Las investigaciones del MP determinaron que el arma de fuego y la licencia de portación que el Alcalde de Santa Bárbara portaba durante el incidente del 24 de febrero estaba vigente, pero no le pertenecía a él sino a su padre, Otto Baldomero Nájera Porón, asesinado el 7 de mayo de 2010 en la finca El Salto, Cuyotenango, Suchitepéquez. Lo anterior motivó que la fiscalía a cargo de la investigación solicitara el antejuicio contra Nájera Franco, pero también contra Catalina del Carmen Paz Cifuentes, jueza de Paz que ligó a proceso a los acompañantes del Alcalde, sin prestar atención a los circunstanciados. elPeriódico buscó al Alcalde en su comuna, pero no accedió a una entrevista, su personal indicó que ofrecerá una conferencia de prensa mañana.
Noticia publicada en www.elperiodico.com.gt Por Gerson Ortiz gortiz
http://www.elperiodico.com.gt/es/20130307/pais/225676/
Miembros de diferentes sectores productivos exigieron que los alcaldes de al menos doce municipios del país retiren las talanqueras que han colocado en las entradas de igual números de poblaciones, como mecanismo para cobrar un arbitrio a los transportistas y automovilistas, medida que es totalmente ilegal.
Según reportes de prensa e investigaciones efectuadas por cámaras empresariales, muchos alcaldes han encontrado en talanqueras y otros obstáculos al transporte colectivo el mecanismo más fácil para agenciarse de recursos extraordinarios, lo cual constituye una flagrante violación al derecho constitucional de libertad de locomoción, al trabajo, a la producción y a la salud, pues hasta las ambulancias de cuerpos de socorro son afectadas con estos arbitrios.
Según denuncias, las municipalidades del Puerto de San José, Escuintla; San Gabriel Suchitepéquez, Suchitepéquez; Olintepeque, Quetzaltenango; Santa Apolonia, Tecpán Guatemala, San Juan Comalapa, Acatenango y Parramos, en Chimaltenango; y Tecún Umán, San Marcos, cobran desde hace tres años entre Q5 y Q25 por paso de camiones, autobuses, vehículos comerciales y automóviles particulares.
Las municipalidades de Panajachel, Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán , Sololá, cobran hasta Q25 por derecho de paso a lugares turísticos, lo cual no ha sido autorizado por el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, la Dirección General de Caminos ni ninguna autoridad competente.
Esta medida aumenta directamente los costos de operación de comerciantes, hoteleros, operadores de turismo, comerciantes y amas de casa, por cuanto los pagos por peaje que les imponen las municipalidades los trasladan al consumidor final.
“Demandamos a la Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Congreso de la República y Presidencia de la República para que inicien de inmediato las investigaciones pertinentes, a efecto de que se obligue a las municipalidades referidas a que desistan cuanto antes de continuar con estos cobros ilegales que, como se evidenció, generan malestar a la población y un aumento en el costo de la vida.
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