Lo que se nos viene

Guatemala se ha unido al selecto club de estados genocidas, junto a la Alemania nazi, la ex Yugoslavia, Ruanda y Camboya. Aunado a esto, ante las implicaciones potenciales, la sentencia por genocidio se presenta como un parte aguas para la historia del país.

En lo jurídico, la responsabilidad por cadena de mando abre la puerta para acusar a un abanico de actores. La Junta de Gobierno, sus asesores (la juntita), el Consejo de Estado, así como los coordinadores de programas contrainsurgentes, se convierten en potenciales sujetos de persecución. Lo mismo ocurre con los comandantes de la zona militar de Quiché, las Fuerzas de Tarea Ixil y Gumarcaj, y los jefes de destacamento.

La experiencia internacional nos permite visualizar otras implicaciones. Por ejemplo, en Argentina, se acusó por complicidad a quienes apoyaron a las fuerzas de seguridad. En Alemania, bajo el principio de “indiferencia depravada”, se procesó a quienes residían en los alrededores de los campos de exterminio. En Ruanda y Argentina, incluso, se presentaron querellas contra los medios de comunicación que no reportaron los crímenes.

En lo político, el efecto inmediato será la búsqueda de un resarcimiento más allá de lo financiero. En la sentencia se argumentó que el origen del genocidio fue el racismo y la exclusión; por lo que las consultas comunitarias o el sistema de cuotas se convertirán en banderas para subsanar dichas causas. También se mencionó la destrucción de la economía y el tejido sociocultural ixil. De tal forma, el acceso a la tierra, la Ley de Desarrollo Rural, o la Ley de Lugares Sagrados se convierten ahora en estandartes para resarcir el perjuicio. Oponerse a tales iniciativas resultará políticamente incorrecto.

En lo social, la polarización se agudiza, y ya se anuncian medidas a favor y en contra de la sentencia. El balance de fuerzas también ha cambiado. Por primera vez en años, las diferentes expresiones de la derecha se aglutinan en un frente común; mientras, la izquierda se fisura entre excombatientes, exfuncionarios y la nomenclatura oenegera.

Y en lo institucional, la elección de cortes y fiscalía de 2014 será la madre de todas las batallas. La siguiente Corte Suprema deberá confirmar o rechazar –en casación– la sentencia. Mientras el siguiente Fiscal General definirá si continúa la persecución, si se detienen los procesos, o si se persiguen casos contra la guerrilla. Es decir, el resultado de este juicio dependerá de quien controle la justicia.