Estructura agraria y corrupción
Preguntémonos cuál es el principal problema.
Silvia Tejeda
En la historia reciente, la coyuntura de la repartición de la tierra a los más necesitados nunca ha sido un programa consciente y apropiadamente estructurado para sacar a los campesinos de la pobreza. Desde que Jacobo Árbenz, en 1952, aplicó el Decreto 900 de la Reforma Agraria, repartiendo el 20 por ciento del área cultivable de la Nación al 24 por ciento de la población, identificado como los campesinos sin tierra, los sucesivos grupos políticos hegemónicos, en 60 años, han repartido más de 3 millones 323 mil 487.14 hectáreas de tierra, a más de 147 mil 700 personas beneficiadas, de las que no se podría dudar que existirán algunos resultados exitosos, pero que ni en calidad ni en cantidad llegan a determinar beneficios qué hayan contribuido al desarrollo económico y social de Guatemala. ¿Dónde han
quedado los fondos económicos y las justificaciones para emitir tantas leyes y decretos que no han alcanzado, ni siquiera, a tocar el corazón de la pobreza?
El panorama denota que ha sido la demagogia oportunista y el caballito de batalla que más ha favorecido a la clase política que, en cada gobierno, ha improvisado su “política agraria”, justificando, como lo hacen hoy.
Del acucioso ensayo sobre la historia agraria de Guatemala, publicado por Ernesto Palma Urrutia en el 2006, he extractado algunos datos que dan pie al título de este artículo. En 1956 se publicó la Ley número 559, conocida como el Estatuto Agrario, que consideraba un impuesto progresivo a las tierras
ociosas. Hasta 1960 se habían distribuido 3 mil 800 parcelas de 20 hectáreas cada una en las 21 zonas señaladas para desarrollo agrario y, hasta el 62, se titularon 364 mil 852 hectáreas de tierras. El Gobierno de Estados Unidos entregó al de Castillo Armas US$15 millones para programas de desarrollo de
Guatemala. Dónde y en quiénes se invirtieron. No se mira ni se vio. A partir de 1962 se promulgó el Decreto 64-84 como Ley de Transformación Agraria y en 1966 La ley de Fincas Cooperativas que permitió hasta 1982 abrir paso para que, bajo distintas modalidades, se repartieran 399 mil 328 hectáreas de las
que 130 mil se entregaron a 26 asociaciones cooperativas, Decreto que también sirvió para que se repartieran otras 130 mil en fincas para amiguetes y protegidos hasta de 28 hectáreas cada una. Cómo trabajan esas cooperativas campesinas actualmente, se desconoce. Y qué hicieron los amiguetes con las tierras, tampoco.
Por razones de espacio, del tema no se puede soslayar la situación de debacle actual, del llamado Fondo de Tierras, cuyos dirigentes supieron encontrar las claves para estimular a dueños de latifundios improductivos y a líderes campesinos inescrupulosos para que se adquirieran, en algunos casos, tierras inhóspitas, sobrevaluadas a las que fueron a dejar a familias desposeídas y las han dejado en el más frío de los abandonos. Tierras que en un alto porcentaje ya fueron abandonadas.
Si los actuales diputados quisieran ser más serios al tratar el tema de la corrupción política en el reparto de tierras, nunca deben olvidarse que desde 1959 hasta 1978 la Empresa de Fomento y Desarrollo de Petén, más conocida como Fydep repartió un millón 980 mil hectáreas a 38 mil beneficiados, de los cuales solamente el nueve por ciento fueron campesinos y los demás, profesionales universitarios, militares, comerciantes y terratenientes muy cercanos al régimen de esos años. También en esos tiempos, las mejores áreas de la Franja Transversal del Norte ya habían sido repartidas entre esos mismos sectores. Podemos percibir, entonces, que el tema del repartimiento de tierras ha sido más pervertido y ha tenido más políticos beneficiados que impulsar el desarrollo del país.
Preguntémonos: ¿Quiénes han sido, entonces, los más beneficiados? Se quedarán callados. Preguntémonos: ¿Cuál es el principal problema: El repartimiento de la tierra o la corrupción hipócrita.
Fuente: columna publicada en ElPeriódico
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