Si nos centramos en los burdos y elementales errores de lógica jurídica y sentido común que la jueza Jazmín Barrios pudo haber evitado desde el inicio en la conducción del juicio, habría menos cuestionamientos de su integridad y estaría mejor parada. Tres días después de haber tomado la imprudente e ilegal decisión de proseguir con el juicio, desobedeciendo la orden de una corte superior, la enfrentan, paradójicamente, a ella misma con la ley y la ponen al borde de ser removida in limine de su cargo, acusada por el delito de prevaricato.
¿Cómo poder entender semejante actuación si el Ministerio Público y los querellantes adhesivos le habían entregado en bandeja de plata el caso completo, desde de la tipificación de genocidio, los testigos, los peritajes y hasta el financiamiento internacional? La jueza Jazmín Barrios podría haberse distinguido como la jueza más ordenada, más imparcial y más generosa con la defensa y los acusados en la historia jurídica del país. Desde el inicio habría podido poner reglas de comportamiento claras a los visitantes de la abarrotada sala. Al primer aplauso habría podido sacar a algún revoltoso para sentar un precedente y magnificar un sentido de sobriedad y respeto. La jueza Jazmín Barrios solo tenía que esperar pacientemente a que se desarrollara cada fase del proceso y guardar la compostura. Al final, la sentencia saldría como querían…
¿Cuáles fueron los móviles que la empujaron a adelantar el juicio, el cual estaba programado para agosto? En primer lugar, se dio cuenta de que el amparo que tenía el juez Miguel Ángel Gálvez en el Juzgado de Mayor Riesgo B, que atacaba el fondo de la acusación: la prescripción innegable del delito al tenor del Código Penal vigente, que estipula 20 años, y el hecho notorio de que Guatemala no es miembro de la Convención de Imprescriptibilidad de las Naciones Unidas —cosa que había sido certificada desde Nueva York por conductos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala—, con lo cual quedaba destruida la tesis principal sobre la que habían construido el caso: que el delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Guatemala estaba vigente más allá de la década de los noventa.
Se inició entonces una desenfrenada carrera de tiempos para evitar que se detuviera el juicio. Al final —apostándole al apoyo internacional— decidió jugarse la inmolación adelantando la sentencia, a pesar de haber sido notificada por una corte superior.
Pero ahora todo el sistema de justicia está vulnerado. Si las cortes no actúan, comprometen el sistema procesal penal, el cual se sustenta en la doble instancia y en la superioridad de la jurisdicción constitucional.
Y como lo señalaba el editorial de elPeriódico el día de ayer, en relación con que “la misión de la prensa no es juzgar ni decidir a favor o en contra, sí lo es velar porque el debido proceso rija en todo momento y por ende hay que demandar que se transparenten las respectivas actuaciones procesales y que si hubo errores substanciales de procedimiento se subsanen, y que si no los hubo se mantenga lo actuado y lo resuelto, porque dura lex, sed lex”.
Los acusadores e interesados en lograr la condena por genocidio debieron conducir con meticuloso y prístino cuidado todas las actuaciones jurídicas, enmarcándolas dentro del debido proceso para lograr que la sentencia quedase firme y sin cuestionamientos. Evidentemente esto no es así y ambas cortes tendrán que enmendar la plana, o se derrumba todo el estado de Derecho.
De nada sirvieron los saludos y las glorias de públicos extraños aplaudiendo pírricas victorias. De nada las grietas profundas de polarización y confrontación.
El colmo es que Guatemala entera tenga que cargar con el costo político de la victimización de una jueza que al final defraudó a todos.
Publicado el 14/05/2013 en www.prensalibre.com por ALFRED KALTSCHMIT http://www.prensalibre.com/opinion/Autopsia-sentencia_0_919108103.html
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