Luis Gonzales
Diario digital RepublicaGt
Las organizaciones que se presentan como supuestas defensoras de Derechos Humanos, promueven las invasiones y caminan de la mano con los narcotraficantes en el Valle del Polochic, región sin presencia del Estado, lo cual facilita la operación de estos grupos.
Muchas usurpaciones en esta área compuesta por seis municipios solo son una excusa para abrir paso al crimen organizado, principalmente las narcoavionetas procedentes de Sudamérica.
Sin que se haya establecido con detalles, los narcotraficantes pagan a muchos grupos que operan en la región del Polochic para aterrizar en pistas legales (por la fuerza e intimidación) e ilegales.
Además, no solo en el Valle del Polochic, quienes reciben beneficios de los narcotraficantes también impiden el trabajo de las autoridades imponiendo bloqueos y atacando a las fuerzas del orden.
Las invasiones son promovidas por la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Campesino del altiplano (CCDA) y la Fundación Turcios Lima, entre otras organizaciones, dirigidas por exguerrilleros o vinculadas con los grupos subversivos.
49 pistas clandestinas de narcotraficantes
En lugares donde no pueden aterrizar las avionetas, los narcotraficantes cuentan con apoyo de invasores y otros cómplices, que recogen la droga que luego es enviada vía la Transversal del Norte, hacia México.
En el Valle del Polochic las autoridades han identificado 49 pistas clandestinas o ilegales y el uso, cada vez más frecuente, del espacio aéreo nacional para usar esta región como punto de paso hacia Estados Unidos.
El Comando Sur de EE.UU. indica por medio de este mapa, cómo aumentó el trasiego de droga proveniente de Venezuela y Colombia hacia Guatemala y Honduras para luego trasladarla a México, con destino final a la Unión Americana.
¿Cómo operan los narcos con los invasores?
Un caso que ejemplifica cómo operan los invasores con el narcotráfico ocurrió el 23 de junio de 2019 en la finca Palma de Mallorca, ubicada en aldea Chichipate, de El Estor.
Esta propiedad fue invadida en febrero de 2017 y sigue en poder de los usurpadores. Ese día los invasores iluminaron el área para que la narcoavioneta aterrizara.
Las fuerzas de seguridad llegaron al punto y se registró un enfrentamiento con los delincuentes. Un hombre falleció como consecuencia del tiroteo. En el lugar hallaron dos picops y una retroexcavadora.
La avioneta fue quemada, como suele ser la práctica común de los narcotraficantes. En 2018 se encontraron 26 aeronaves, la mitad fueron quemadas por los delincuentes.
El Conic es una de las mayores organizaciones que promueve las invasiones en el Valle del Polochic. Su presidente, Pedro Esquiná Tziná, fue capturado en el aeropuerto por no declarar US$15 mil que llevaba a Panamá.
¿Quién los financia?, ¿lavan dinero?
Otro de los hechos que dan una idea acerca del posible financiamiento ilegal a las organizaciones que promueven las invasiones ocurrió en febrero de 2018.
El 4 de febrero fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Pedro Esquiná Tziná, presidente del Conic, cuando pretendía viajar hacia Panamá sin declarar US$15 mil (unos Q115 mil).
Fue ligado a proceso por tres delitos: lavado de dinero, falsedad ideológica y perjurio. Acá surgen las interrogantes: ¿Por qué no declaró el dinero?, ¿cuál es el origen de los dólares?, ¿a qué iba Esquiná a Panamá, a depositar el dinero o a entregarlo?
Como no existe una ley que obligue a estos grupos disfrazados de Organizaciones no Gubernamentales a detallar quién los financia, se dificulta comprobar que reciben dinero del narcotráfico, indica el estudio “Vacío de Poder y Narcotráfico, el Valle del Polochic, Guatemala”, elaborado por el Observatorio de Conflictividad.
¿Quién les facilita las armas?
Otra evidencia que vincula a los invasores con el crimen organizado, es la posesión y uso de armas solo permitidas a las fuerzas armadas.
De lo anterior hay evidencia suficiente porque en casi todas las invasiones aparecen hombres armados de escopetas o fusiles.
Así quedó al descubierto cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y otras autoridades judiciales intentaron realizar un procedimiento de desalojo en la finca Murciélago y Plan Grande, ubicada en El Estor.
En el siguiente video se observa el ataque armado ocurrido en 2016, que dejó como saldo dos agentes heridos.
Los afectados por las invasiones comentan que cuando el grupo ingresa en la propiedad privada lo hace por la fuerza y con armas. Incluso se han dado conflictos entre las comunidades y las armas salen a relucir.
El más reciente incidente en el que fueron asesinados tres militares, en la aldea Semuy 2, de El Estor, de nuevo dejó al descubierto que existen grupos armados que operan de manera ilegal en el área.
Los soldados de la Marina de Guatemala fueron atacados con escopeta, según las primeras conclusiones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Se indica que algunas de estas armas también habrían sido parte de las usadas durante el conflicto armado interno y al firmar la paz no fueron entregadas.
Acá el testimonio del infante de la Marina del Ejército, Erwin Coy Méndez, quien habla del grupo armado que los atacó y asesinó a tres militares.
El valle olvidado y golpeado por el desempleo
En la franja conocida como del Polochic, integrada por nueve municipios, la pobreza afecta a más del 80% de la población, según el Instituto Nacional
de Estadística.
La desnutrición crónica también es otro de los males en esta área. La demanda de empleo es altísima y las fuentes de trabajo cada vez son más golpeadas por grupos al margen de la ley.
Se estima que la región deja de percibir cada año Q360 millones por las invasiones y por la inseguridad. Pese a las adversidades, las empresas que operan en el área generan unos 12 mil empleos.
Sin embargo, en los últimos tres años han dado pasos atrás y se considera que se han perdido unos 4 mil empleos directos en cultivos de palma africana, banano, arroz, hule y fincas ganaderas invadidas.
El cierre del ingenio Chabil Utzaj, que apenas pudo operar acosado por las invasiones, no permitió generar más de dos mil empleos en el área, indica Alejandro Quinteros, de la Alianza para el Desarrollo de Río Dulce y el Valle del Polochic.
Y en estos días otro golpe podría recibir la población del área si la Corte de Constitucionalidad (CC), resuelve el cierre de operaciones de la minera que opera en El Estor.
La Compañía Guatemalteca de Níquel anunció que unas tres mil personas perderían su trabajo, lo que significa unas 900 familias sin fuente de ingreso.
Invasores y narcos a sus anchas
En el tema de seguridad el Valle del Polochic también está olvidado. Por ejemplo, en el municipio de Panzós hay seis agentes de la Policía Nacional Civil para atender a 214 comunidades, unos 85 mil habitantes.
Además, las dos autopatrullas que tienen están descompuestas y solo cuentan con una motocicleta.
Ello ha llevado a que las propias comunidades aplican sus leyes, señala el alcalde Jaime Chub, quien resalta que este es el mayor problema que enfrenta.
El 50% de la conflictividad agraria (invasiones) de Alta Verapaz, se concentra en Panzós, lo cual representa unos 45 casos sin resolver.
El Estor es uno de los municipios más grandes, pero apenas tiene 15 agentes de la Policía para atender a 144 comunidades, lo que ha permitido aplicar la “ley del más fuerte”.
De ahí que algunas comunidades tapen las carreteras para extorsionar, destruyan propiedad privada y hasta expulsen a las autoridades, como ha ocurrido en Panzós, El Estor y la Tinta, agrega Quinteros.
Tampoco hay presencia de otras entidades como el IGSS, los ministerios de Salud, de Agricultura (pese a alta actividad agropecuaria), Organismo Judicial o Ministerio Público.
Por ello el Estado de Sitio, decretado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso, se ve como un alivio para esta zona golpeada por la ingobernabilidad social e ideológica, que cada vez más se une al narcotráfico.
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