Se podría echar todo por la borda

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Publicado por el Periódico el 21 de febrero 2017

http://elperiodico.com.gt/opinion/2017/02/21/se-podria-echar-todo-por-la-borda/


Todo ingeniero industrial sabe lo que significan los procesos y el momento actual en el que se desenvuelve la CICIG no es sino otra etapa del proceso.

Se trata la CICIG de un ente nacido de nosotros y de la Organización de las Naciones Unidas, importante ejemplo para el mundo puesto que serían muy pocos los países –casi ninguno– que se atreverían a un ejercicio semejante.

La firma de la Paz, en 1996, no fue sino la culminación de otro proceso y resultaría estúpido que atribuyéramos todos los méritos a quienes la firmaron, protagonistas de una etapa, tal y como sería atribuírselos en la lucha en contra de la corrupción –corrupción de todo tipo– quienes el día de hoy coyunturalmente la protagonizan –continuadores– sin restarles mérito –del esfuerzo por otros realizado.



La CICIG no es –ni mucho menos– una creación de sus autoridades actuales, sino nuestra.

En el caso de la Constitución Política de la República –el pacto de paz social entre nosotros– todo proceso que la afecte –eminentemente político– corresponde al propio pueblo, jamás a tecnócrata alguno, y menos aún a tecnócrata que carece de carta de presentación en la materia: La Constitución es un pacto de paz que implica consensos y no contradicciones.

Las posibles reformas constitucionales –si acertadas– la de los distritos pequeños, por ejemplo, la clave de todo –se verán con alegría y no con recelo.

Lo constitucional constituye lo más sublime y sensible de lo político, ajena su construcción a aquellos a quienes corresponde una misión distinta: velar por su estricto cumplimiento y perseguir a sus infractores (Esta –y no otra– la función de los fiscales).

En lo referente al desarrollo de los preceptos constitucionales que desde hace más de treinta años reconocen y respetan las formas de organización social de los grupos indígenas (sus autoridades ancestrales, sus procedimientos y sus normas y costumbres) permanece incumplido el Artículo 70, artículo que ordenaba –y lo sigue ordenando– la emisión de una ley que regule la materia, mandato constitucional incumplido, al igual que tantos otros y a ciencia y paciencia de quienes deberían perseguir su incumplimiento.

El supuesto “proceso de socialización” de las reformas constitucionales –reformas políticas– no puede sino recordarme los supuestos “procesos de socialización” en materia minera, burlada la consulta ordenada por la ley. (Convenio 169 de la OIT, ratificado por nosotros).

La reforma, supuestamente “socializada” es poco menos que deleznable en lo que se refiere al Ministerio Público, institución a la que se arrebata su calidad de auxiliar de la administración pública y de los tribunales de Justicia, así como la más importante de sus funciones, la de velar por el estricto cumplimiento de las leyes –dejado abierto el espacio para que pueda sostenerse el inconstitucional “Consejo” del Ministerio Público y dejando la sentencia ejecutoriada por delito como la única causa de remoción del Fiscal, la dejadez y la incompetencia, resguardadas.

Nada nuevo aporta la CICIG con la excusa de que su labor la entorpecen los jueces, sempiterna cantaleta entre jueces y fiscales, afirmando los fiscales que los jueces absuelven, existiendo pruebas, y los jueces que lo hacen por no aportarlas los fiscales.

La CICIG, en el estricto ámbito de su competencia, tiene en sus manos resolver el entuerto: la persecución penal de los jueces que incurran en retardo malicioso o culpable de la administración de justicia y de quienes prevariquen, por culpa o dolo, dictando resoluciones contra la ley o lo probado.

La persecución penal es su campo y me permito preguntar ¿Dónde están estos procesos?

Quien te quiere, te aporrea y quiero el éxito de la CICIG, no su fracaso: Que incursione esta en lo político, lo que no le corresponde, puede echar por la borda lo logrado.

La reforma que precisa el Estado es la política: La de lograr que el pueblo se instale en el Congreso –en otras palabras–, la del Sistema de Distritos Electorales Pequeños: que instalado este en el Congreso lo demás, caerá por su peso.

(Continuará)

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