Publicado por Siglo XXI el 29 de enero 2017
http://www.s21.gt/2017/01/urge-seguridad-los-guatemaltecos/
En Guatemala durante varios años hemos sido testigos de cómo un grupo particular de trabajadores que se dedican a laborar en el transporte público ha sido golpeado con extorsiones, asaltos y accidentes. Solo en lo que va del año, 19 personas han fallecido en hechos violentos relacionados con las unidades del transporte a quienes les han segado la vida son padres y madres de familia, que se ganan la vida ejerciendo uno de los trabajos más peligrosos del mundo y lo hacen como pilotos o ayudantes de buses.
Al final son ciudadanos guatemaltecos los que mueren todos los días y pareciera que a nadie le interesa resolver la violencia en el transporte colectivo o porque los planes que se han implantado son inoperantes para poner fin a los ataques. No es posible que esto siga sucediendo en el país. Guatemala como una República, y donde su Constitución, dentro de los primeros tres artículos ordena: Artículo primero, Protección a la persona. Artículo segundo, Deberes del Estado y Artículo tercero, Derecho a la vida.
Muchas veces se critica el uso del vehículo que prefieren las personas pero lo hacen porque no encuentran seguridad en el transporte de la Ciudad y los departamentos. El parque vehicular es inmenso y arriba de un millón de unidades cada día y un incremento anual arriba del 10% y 20%. Esto genera congestionamiento, contaminación debido al incremento de consumo de gasolinas e incrementa el gasto personal y familiar de cada núcleo guatemalteco.
Es prioritario el atender la seguridad de los pasajeros y de todos los usuarios del transporte colectivo, en todas sus variaciones, tanto en camionetas, como taxis y motos, así como en buses urbanos y extraurbanos. Se están despilfarrando recursos públicos y privados en otras áreas menos, en proveer a los guatemaltecos de un sistema de transporte seguro. El costo de la violencia, es sumamente alto, hace que Guatemala sea considerado un país más pobre y con ello que tenga menos oportunidades de desarrollo.
El problema de seguridad en el transporte colectivo debe ser prioridad de todos. Los acuerdos implementados contra el acoso, no robo, no violencia que existe para las rutas del TransMetro, deben existir para todos los medios públicos de transporte colectivo. Tanto las empresas, como individuos que prestan esos servicios se tienen que hacer responsables por esto. Pero también tienen que asumir su papel todas las autoridades que tienen en sus funciones esenciales supervisar y cuidar al transporte colectivo.
El transporte colectivo urbano requiere de que tanto la Empresa Municipal de Tránsito, El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, el Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Gobernación y todas las otras autoridades municipales que regulan el tránsito, garanticen la seguridad tanto de los choferes y ayudantes como de todos los pasajeros. No es obligación única, la seguridad de los usuarios en el TransMetro, que recibe anualmente subsidios arriba de los Q140 millones anuales por parte del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado.
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