Una nueva política agraria (I)
La problemática de la tenencia y uso de la tierra está por salir de nuevo a discusión y se está tomando como base el Acuerdo 196-2009, el cual es una copia de la Iniciativa 4084 a todas luces inconstitucional.
Para el tema se han formado dos comisiones por el Dr. Adrián Zapata en su rol de Comisionado de Desarrollo Rural así:
A. Promoción de Inversión Privada en lo Rural, aquí participa Maneco, Mantra, Maga, Mar, Misiva, Minfin, Incultura, MEM, SAA, Comisionado Competitividad y Comisionado DRI. En esta comisión, varios de los ministros han presentado comentarios al documento, los cuales no han sido recogidos por el comisionado y no se reflejan en el documento final, eso ya está siendo expuesto en el Gabinete por los mismos (AZ).
B. Economía Campesina: Aquí participa Maga, SAA, Secretaría de la Mujer (Seprem), Mandes, Segeplan, Mantra, Maneco y Misiva, Sesan y el comisionado DR. En el caso del Mineco fue incluido de último y Sesan solicitó que lo desvincularan para no poner en riesgo los resultados del programa Hambre Cero con temas ideológicos. Sin embargo, el documento que está por presentar como “resultado” del “trabajo” de esa mesa no lo refleja así.
La propuesta incluye decenas de artículos relacionados y muchos de ellos solo son un aumento a la burocracia estatal. Veamos por ejemplo algunos de los puntos de uno de los artículos.
a. Reforma del Fondo de Tierras con nuevas funciones, más programas, gratuidad y más gastos (más presupuesto). b. Creación de un Fondo de Garantía Crediticia para Compra de Tierras. c. Un programa de condiciones preferenciales de precios al Estado para comprar los activos extraordinarios de tierras que estén en propiedad de los bancos privados.
d. Política de tratamiento de la deuda agraria (condonación deuda). e. Reforma al IUSI (temas de ordenamiento territorial, más pago para productos específicos, etc.). f. Creación del Fondo de Garantía Crediticia para Arrendamiento de Tierras con opción a compra. g. Elaborar y levantar un inventario de tierras según su capacidad de uso y uso actual, categorizando según su potencial, para que el precio sea consecuente con la calidad. h. Creación de un banco de tierras nacionales productivas (¿nacionalización de la tierra?) que incluye lotes baldíos nacionales, excesos identificados en propiedades particulares por corrimiento de mojones, tierras confiscadas por LED y tierras utilizadas en actividades ilícitas, tierras que hubieran sido adquiridas ilegal o irregularmente. Todo lo que en este banco se destinara a procesos de adjudicación gratuita.
Como se puede observar, la legislación pretendida ve más allá de una simple Ley de Desarrollo Rural, y además no garantiza el desarrollo, eso sí pone en riesgo la del aparato productivo existente, se sigue hablando de gratuidad, condonación de deuda y de aumento de impuestos,
La ley no ha llegado al Congreso, lógicamente Zapata no querrá que pase por allí, pues sabe que no pasará, si no que solo lo está manejando como un instrumento de política de Estado y por ello esas comisiones masivas multisectoriales que tienen que tener mucho cuidado, pues la que la habilidad para tergiversar resultados de sesiones de ciertos actores no los vaya a sorprender.
Por ejemplo se habla de que todo será gratuito pues el Fontierra ya demostró que cobrar la tierra no sirve, yo he participado en programas de adquisición de tierra por comunidades rurales y en planes de financiamiento de 10 años la gente ha pagado antes del vencimiento del plazo. Lógicamente si líderes ideológicamente interesados llegan a decirles, no paguen, lo que les da el Gobierno es suyo, nunca pagarán.
La nueva política agraria (II)
Definitivamente las posiciones encontradas en una serie de temas como las hidroeléctricas, la minería, los monocultivos y el desarrollo agrario hacen inviable la solución que beneficie al país y a sus habitantes.
Definitivamente las posiciones encontradas en una serie de temas como las hidroeléctricas, la minería, los monocultivos y el desarrollo agrario hacen inviable la solución que beneficie al país y a sus habitantes.
Hoy, como siempre, prevalecen las posiciones extremas, y en el último tema donde nos concentraremos. No se confundan, los señores del CUC, Conic, Uvoc, la rama de la Iglesia Católica encabezada por el obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, no están dispuestos a ceder en sus posiciones. Ellos quieren una reforma agraria radical, que deje a todos sin propiedades y que el Estado sea el omnipresente, omnipotente y único propietario de bienes y servicios.
Ante la crítica que hiciera la semana anterior a la Ley de Desarrollo Rural que impulsa el comisionado presidencial para el Desarrollo Rural, uno de mis críticos me tilda de “cavernario de Neanderthal” por oponerme a la “tibia” propuesta del Ejecutivo por medio de su comisionado, o sea, esta ley para algunos es tibia, lo que quiere decir que esta reforma agraria solapada no es suficiente para ellos. Añoran que algún día el Congreso reviva el Decreto 900 de Jacobo Árbenz…
Las partes interesadas deberán asistir a la audiencia que le corre el Congreso para defender sus posiciones, y se supone que en ella solo se discutirá el proyecto de ley 4084 y no se conocerán propuestas como la que presentó Visión de País, a la que en aquella ocasión se comprometieron todos los candidatos presidenciales, incluyendo al general Otto Pérez Molina. Allí está su firma en documento en ese entonces consensuado por todos los candidatos presidenciales. Recordemos que este compromiso Álvaro Colom se pasó por el Arco del Triunfo y, además, uno de los firmantes a honrarlo fue el mismo Adrián Zapata, comisionado presidencial para el Desarrollo Rural, pero así son los políticos, los compromisos electorales se autodestruyen en cinco segundos como en aquella serie televisiva Misión Imposible, que sería un adecuado nombre para lo que esperamos de ellos.
Por ejemplo, la propuesta para hacer productivo aquello que ya fue repartido y que tiene actualmente a muchos beneficiarios en miseria se descarta; lo que se quiere es deshacer lo que produce, y punto.
Las partes serán oídas en el Congreso. Cada una tendrá 30 minutos para defender sus posiciones, pero existen en la ley cosas indefendibles: existen artículos en la ley que apuntan hacia un cambio radical en la estructura del Estado donde se violan varios aspectos constitucionales.
Esta ley prácticamente está creando un ente estatal que dirigiría la política monetaria del país, lo que invade las funciones del Banco de Guatemala y por ende las funciones de la Junta Monetaria, pero además invade y casi anula las funciones de los consejos de Desarrollo y Urbano y Rural.
Por ejemplo: “Esta semana, el presidente de Agexport, Francisco Menéndez, y el director de Usaid/Guatemala, Kevin Kelly, realizaron la firma del contrato para la ejecución de cadenas rurales de valor, en el marco de estrategia global del Gobierno de EE. UU., ejecutada a través de Feed the Future. Este paso oficializa a ambas entidades como socias en la aplicación del modelo de encadenamientos en el occidente de Guatemala como la vía para la reducción de pobreza y cumplimiento de los objetivos de país, como lo son seguridad alimentaria y nutrición”. Estas iniciativas, según esa ley, ya no serán posibles, pues la política agraria será dictada por el Estado.
Es imperante que el Gobierno cumpla con seguir la política que todos creímos que seguiría, y no la de los que perdieron las elecciones.
Fuentes: Columnas publicadas en Prensa Libre