El punto más crítico se vivió durante la ejecución de dos de tres órdenes de captura contra líderes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) en Raxruhá, Alta Verapaz, vinculados a robo de energía, según las autoridades; uno de ellos se dio a la fuga.
El conflicto alcanzó a la aldea Samococh, en Chisec, donde murieron tres campesinos por un enfrentamiento con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). “Derivado de lo s sucesos, en cinco puntos distintos, tenemos seis policías heridos a machetazos y con golpes contundentes”, refirió el ministro de Gobernación, Mauricio López. En este lugar fueron retenidos siete agentes y un inspector de la PNC, quienes fueron liberados el sábado por la tarde por las mismas autoridades, al haberse agotado el diálogo que sostenían con los pobladores. “Tuvimos que actuar para liberarlos”, informó el funcionario. Como consecuencia, fueron capturados 22 miembros de la comunidad que participaron en la retención de los elementos policiales.
En cuanto a los comunitarios fallecidos, hasta el cierre de esta edición el Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizaban los análisis respectivos a los cuerpos. Asimismo, evaluaban a los agentes liberados, quienes fueron trasladados vía aérea a la ciudad. “Se procederá a hacer las denuncias contra los líderes de Raxruhá que promovieron el secuestro y amenaza de los elementos”, puntualizó López.
Según el director del Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, “lo que sí es seguro, es que las personas no fallecieron por disparos de arma de fuego; había heridos de la PNC por arma blanca, no de fuego”.
Piden investigar
Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), señala que la situación se tornó delicada y confusa, porque los operativos alcanzaron a otras comunidades del norte de Alta Verapaz. “Hay descontento en el Valle del Polochic, en el parque de Cobán, en Cubilhuitz, y otros puntos donde se están desarrollando protestas en este momento, frente a esta represión”, informó.
Según Mario Itzep, del Observatorio Indígena, estas situaciones se han vuelto confusas en la población. “La región está tensa. Vimos que había mujeres y niños lastimados; niños que huyeron del lugar y las madres están buscándolos. Está bastante complicado”. De igual forma, detalla que los observadores continúan documentando los casos para brindar asesoría legal a las personas de las comunidades. Itzep es enfático en solicitar al MP realizar las investigaciones pertinentes y abrir el caso inmediatamente. También solicitan al Congreso citar al Ministro de Gobernación para que rinda cuentas de lo sucedido, y la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Balcárcel indica que las órdenes de captura contra miembros de Codeca fueron emitidas por juez competente: “La población, al darse cuenta, se moviliza, y los jueces ordenan el traslado de los detenidos a la ciudad de Cobán. Esas capturas son difíciles de entender por la comunidad, porque no comprenden cómo opera el sistema judicial. Se hizo un intento de montar una mesa para explicar a la gente qué correspondía y ofrecer asistencia legal para los capturados”.
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Existe un liderazgo radical por un pequeño grupo que no responde a los intereses de la comunidad, sino a las directrices del CUC. El proyecto hidroeléctrico no tiene las repercusiones que ellos supuestamente dicen”.— Miguel Angel Balcárcel, Director del Sistema Nacional de Diálogo
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Montaron un operativo a gran escala con más de 1,600 policías. Pasaron de comunidad en comunidad, ya sea por lucha de tierra, por el tema de luz u oposición a la hidroeléctrica Santa Rita. Es una represión a gran escala”.— Daniel Pascual, Coordinador general del CUC
- 3 personas murieron en los enfrentamientos
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